En la madrugada del 3 de septiembre de 2005, en la Población Mirasol de Puerto Montt, se llevó a cabo un operativo en el que participaron 12 carabineros. Producto de ello, y tal como han declarado dos testigos, los carabineros que ocupaban el radiopatrullas 1375 de la 5ª Comisaría detuvieron al menor de 16 años, José Huenante, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
Pasaron más de tres años de total impunidad. Durante ese período, ningún organismo del estado ni la justicia reaccionó. Lo que es más grave, tampoco lo hizo la sociedad civil. Los organismos y organizaciones de defensa de los derechos humanos solo se hicieron eco de la denuncia en 2009, lo que pone en evidencia la extrema indefensión de quienes como José Huenante se encuentran expuestos al abuso y al crimen policial en razón de una triple vulnerabilidad: ser joven, mapuche y pobre.
José Huenante vivía en casa de sus tíos Jaime Nahuelquín y María Huenante, quienes se habían hecho cargo de su custodia y mantención. El joven había pasado su infancia en el hogar de menores de la Fundación Mi Casa, en Pelluco, ubicado a cinco kilómetros de Puerto Montt, y al salir abandonó los estudios.
La investigación judicial pudo avanzar recién este año gracias a la intervención de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Se comprobaron diversas adulteraciones de los registros de Carabineros, entre ellos el kilometraje del carro policial en el "Libro de Segunda Guardia" de la 5ª Comisaría; el número de detenidos en el "Libro de Población" y el Registro de Actividades entre las 2:15 y las 6 A.M. de ese día que, sencillamente, desapareció.
Además, personal de Carabineros intentó amedrentar a familiares de la víctima. La tía de José, María Huenante, ha declarado que la tarde del domingo 4 de septiembre de 2005 fue a la 5ª Comisaría de Carabineros de Puerto Montt a denunciar la presunta desgracia pero no tuvo éxito. "No me aceptaron la denuncia. Me dijeron que debía ir a buscarlo al hospital y a la cárcel. Después fui a Investigaciones, donde sí la aceptaron y me sugirieron que reclamara contra los carabineros de servicio por incumplir su deber". Dos días después de haber efectuado el reclamo, fue citada al mismo cuartel donde le habían rechazado la primera denuncia y el carabinero que estaba de guardia la obligó a firmar un desistimiento del reclamo. "Me sentí intimidada, porque me advirtió que si no lo hacía, sería detenida. A mí, lo único que me interesaba era hallar a mi sobrino", señaló María Huenante.
El Ministerio Público pidió la incompetencia del juez de garantía y solicitó enviar todos los antecedentes a la Fiscalía Militar, recurso que fue rechazado, acogiéndose los argumentos del querellante en el sentido de que este delito no puede ser considerado un acto con ocasión de servicio y que, tal como lo han recomendado diversos organismos de defensa de los derechos humanos y las Naciones Unidas, en Chile se deben restringir los ámbitos de competencia, excesivamente amplios, de la justicia militar.
Recientemente, el abogado de la familia del joven discrepó de la acusación presentada por el fiscal Sergio Coronado y presentó una acusación particular solicitando presidio perpetuo contra los tres acusados: los cabos Patricio Mena y César Vidal y el sargento Juan Altamirano, dados de baja el pasado 6 de abril.
