El financiamiento a entidades centradas en la defensa de los derechos humanos y el rescate de la memoria fue otorgado por primera vez en 2009 a través de la Ley de Presupuesto. En el nuevo proyecto, esto se reemplaza por un fondo concursable abierto a todo tipo de "instituciones colaboradoras" del Estado.
A fin de descalificar la decisión adoptada por el anterior gobierno y aprobada por el Congreso Nacional, representantes del actual gobierno y de la derecha han afirmado que esta asignación fue una concesión a "grupos de presión afines a la anterior administración", desconociendo que la aprobación de esos recursos fue resultado de un largo proceso, en el que amplios sectores de la sociedad luchamos, durante décadas por verdad y justicia, exigiendo al Estado el reconocimiento de sus responsabilidades en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, y demandando una política de reparación del grave daño provocado a la sociedad.
El actual gobierno parece desconocer que todo Estado democrático tiene el deber de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, en particular aquellos relacionados con la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos en su representación y bajo su responsabilidad. También parece ignorar que ello conlleva el deber y la responsabilidad de garantizar el derecho a la memoria, no para instaurar una visión única, sino para asegurar su ejercicio con autonomía y libertad.
Lo anterior es particularmente importante en una sociedad como la nuestra, en la que conviven diversas memorias sobre el periodo, en la que aún no existe un consenso ético de condena irrestricta a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Aún hay sectores sociales y políticos de gran influencia, que niegan estos hechos o los justifican como parte de un proceso de restablecimiento del "orden".
Conscientes de ello, ya en 1991, los miembros de la Comisión Rettig -entre ellos destacados representantes de la derecha chilena--, establecieron en su informe final un conjunto de recomendaciones de reivindicación y reparación simbólica para que "en el plazo más prudente, la autoridad tenga a bien disponer las medidas y recursos necesarios para dar lugar a proyectos culturales y simbólicos destinados a reivindicar la memoria de las victimas en forma individual y colectiva, estableciendo nuevas bases para la convivencia social", recomendación que el actual gobierno claramente ha desoído.
Luego, como forma de responder a las iniciativas de construcción de memoriales y monumentos a lo largo del país, por parte de diversas comunidades, el ejecutivo comenzó a destinar recursos a este fin, a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
En 2008, por primera vez se constituyó una Mesa bipartita de trabajo encargada de elaborar un proyecto para un ex centro de detención, tortura y exterminio (Londres 38). Esta instancia estuvo integrada por las organizaciones de la sociedad civil que demandaban la recuperación del lugar y diversos organismos públicos, entre ellos, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Obras Públicas, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Intendencia Metropolitana, el Museo Histórico Nacional y la Asesora Presidencial en materia de derechos humanos.
Producto de la labor de la Mesa, las máximas autoridades de estos organismos asumieron el compromiso de proveer financiamiento público permanente para sustentar la gestión de este espacio de memoria, lo que se materializó en la Ley de Presupuesto 2010 en la cual, por primera vez, se asignaron recursos para la habilitación y funcionamiento de un sitio histórico de este tipo. Durante el año 2009, el ejecutivo también acogió la demanda del ex centro de detención Villa Grimaldi que, desde hacía varios años venía demandando que el Estado asumiera su responsabilidad en la mantención del espacio, rescatado de una venta ilícita a comienzos de los años 90.
En virtud de la continuidad de los actos y decisiones del Estado, éste no sólo es responsable de los crímenes y violaciones a los derechos humanos perpetrados por la dictadura y acreditados por tres comisiones ad hoc e innumerables fallos judiciales. También es cómplice y responsable del ocultamiento de la verdad y del sistemático "borrado" de huellas que llegó hasta la demolición de los ex centros de detención, tortura y exterminio que amenazaban con constituirse en testimonios elocuentes de lo vivido.
Ahora, con la modificación del Presupuesto 2011, el actual gobierno parece decidido a llevar a cabo una nueva borradura de ese pasado en lugar de reconocerlo como lo que es: parte constitutiva del patrimonio y la memoria nacional, y una contribución al conocimiento y comprensión del pasado y, sobre todo, a la profundización de la democracia del presente.
Quienes suscribimos la presente declaración solicitamos al ejecutivo y al Congreso Nacional que se garantice el cumplimiento de los compromisos señalados, en tanto éstos constituyen un avance en materia de políticas públicas en el ámbito de los derechos humanos y la memoria.
Londres 38, espacio de memorias
Corporación parque Por la Paz Villa Grimaldi
Comisión Ética contra la Tortura
Para adherir a esta declaración, escribir a londres@londres38.cl indicando nombre, RUT y actividad.
