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Familiares de ejecutados por la dictadura exigen al gobierno suscribir querellas

Un grupo de familiares de ejecutados durante el régimen de Augusto Pinochet en Chile exigió al gobierno derechista de Sebastián Piñera hacerse parte en unas 70 querellas que no han podido presentar en los tribunales a causa de esa omisión.

Publicado el 18 de noviembre de 2010

Para presionar a las autoridades, varios miembros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) ocuparon las oficinas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en el centro de Santiago.

Alicia Lira, presidenta de la AFEP, dijo que desde la llegada de Piñera a La Moneda hay 70 querellas por ejecuciones durante la dictadura que no han podido ser presentadas en los tribunales por la negación del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a firmarlas.

Lira recordó que la ley que creó en Chile el Instituto de Derechos Humanos facultó al Ministerio del Interior, a través del Programa de Derechos Humanos, a hacerse parte en los juicios por la ejecución de prisioneros políticos durante la dictadura entre 1973 y 1990. Antes de esa ley, dicho programa sólo podía actuar en juicios por detenidos desaparecidos.

Los familiares de las víctimas dijeron que permanecerían en las oficinas ocupadas hasta que Hinzpeter vaya a conversar con ellos o que la directora del Programa, Rossy Lama, llegue con las 70 querellas firmadas, para puedan ser presentadas en los tribunales. La opcupación fue depuesta una vez que el ministro del Interior subrogante recibió a las dirigentes de la AFEP.

"La derecha lleva nueve meses en el gobierno y no ha presentado ni una querella por ejecutados políticos. Incluso se han reunido con violadores de los derechos humanos", acusó Lira.

Además de las querellas señaladas, la AFEP ha presentado en los últimos meses otras 350, en las que no requirieron el apoyo gubernamental.

De acuerdo con abogados de derechos humanos, los juicios por crímenes de la dictadura afrontan un escenario cada vez más complejo en Chile, con múltiples fallos que dejan en libertad a represores o los condenan a penas irrisorias, con beneficios carcelarios como libertad vigilada u otras medidas que les evitan la prisión.

Según cifras del propio Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, de 110 antiguos represores condenados en los últimos tres años, sólo 22 cumplen sus penas en prisión.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, murieron a manos de agentes del Estado unos 3.200 chilenos, de los cuales 1.192 están aún en calidad de detenidos desaparecidos.