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Tortura: una práctica negada

No era la primera vez que Juan Alejandro Berríos, un hombre de 30 años que deambula por La Legua, era víctima de abusos y torturas por parte de Carabineros. De hecho, era una práctica sistemática que sufría cada vez que era detenido por la policía de la Comisaría de San Joaquín. El caso de "Juanito", como es conocido en la población de la zona sur de Santiago, tuvo que salir en la televisión para que al menos seis carabineros fueran destituidos de sus cargos y la justicia indague los hechos.

Publicado el 17 de diciembre de 2010

El video fue grabado por uno de los propios carabineros en su teléfono celular, que luego extravió. Un desconocido extrajo el chip con las imágenes y lo hizo llegar a un canal de TV. Y sólo recién estalló el escándalo, pese a que en los barrios populares de Chile es ampliamente conocida la conducta abusiva de las fuerzas policiales.

Si bien el video emitido por la TV muestra las amenazas con pistola en la cabeza, el propio afectado -que inició una querella contra los policías por torturas- indicó que en muchas otras ocasiones fue llevado a la comisaría donde recibió torturas prolongadas. La querella solicita además ampliar las investigaciones a todo el personal policial del cuartel, ya que en los abusos participaron más uniformados que los seis dados de baja.

La directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, que el martes visitó la comisaría denunciada, se mostró contraria a que estos hechos sean investigados por la Fiscalía Militar, ya que según dijo, esta justicia no otorga "las suficientes garantías del debido proceso a los ciudadanos que han sido víctimas" de maltratos, abusos y torturas.

La alta funcionaria del IDH calificó la violencia sufrida por Juan Alejandro Berríos como "un hecho vergonzoso, es una tortura cruel, un maltrato inhumano y degradante". También puntualizó la gravedad de las amenazas proferidas por los policías que dijeron al hombre que podía transformarse en un "nuevo detenido desaparecido".

"Eso no puede ser en un país que ha reconocido que eso constituyó una grave violación a los derechos humanos en el pasado", dijo Fries, quien además destacó que la violencia policial se hace más aguda en los sectores populares. "Pareciera que hay una cara B en Chile, en cuanto a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad", manifestó.

El impacto que produjo la emisión del video en la TV obligó de inmediato a que el alto mando de Carabineros ordenara la baja de los funcionarios y solicitara al IDH que configure cargos contra los seis policías. De inmediato, además el Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, condenaron la conducta de los carabineros, pese a que tienen una responsabilidad política directa en la forma como la policía actúa en los barrios populares.

No es una excepción
La indiferencia hacia los abusos de que son víctimas aquellas personas y grupos más vulnerables es parte del problema. El propio responsable de la parroquia "San Cayetano" de La Legua, sacerdote Gerard Ouisse, admitió que muchas veces "Juanito" le había relatado la violencia de la que era objeto cada vez que lo arrestaba la policía.
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"Muchas veces Juanito me decía en su lenguaje 'los pacos me pegaron', y yo decía 'pero Juanito, ¿eso es verdad, estás inventándome algo?' y no lo creía, y la gente tampoco lo creía, pero con el reportaje estamos obligados a creerlo, y no es la primera vez", dijo el sacerdote francés que llegó a la población hace más de ocho años.

El sacerdote afirmó que gente de La Legua ha hecho varias denuncias ante el tribunal, y que "tuve muchas veces relatos de cosas de este tipo, especialmente cuando están deteniendo en la calle a los que caminan como cualquiera".

El abuso policial no es una excepción ni en La Legua ni el resto de Chile. En la última semana fue difundido el caso, también a través de un video, que afectó a una vendedora ambulante: efectivos policiales en las afueras de la estación del metro Cal y Canto volcaron en plena calle un carro para la venta de mote con huesillos.

La impunidad que arropa a las fuerzas policiales conduce a que la práctica de la tortura no logre ser erradicada, pese a las normas internas y a los convenios internacionales que ha firmado Chile. Esa misma impunidad favorece la corrupción, como de nuevo ha quedado demostrado esta semana con la baja de cinco carabineros que eran parte de una red de robos y narcotráfico.

Como si fuera poco, el incendio en la Cárcel de San Miguel, donde murieron 81 personas el pasado 8 de diciembre, dejó al descubierto no sólo la violencia que ampara el sistema carcelario, sino además cómo sus funcionarios son parte de las redes delictuales a través de la injerencia en las rebajas de condenas, el tráfico de influencias e incluso de drogas y alcohol.

Tanto o más graves fueron los casos de asesinatos de comuneros mapuches ocurridos en los últimos años y que la justicia militar ha investigado con lentitud y ha aplicado bajas penas.

Hace dos semanas, el juez militar letrado de Valdivia, Eleuterio Ramírez, condenó a 15 años y un día de presidio al cabo de Fuerzas Especiales de Carabineros Patricio Jara Muñoz, quien fue sindicado como el autor del asesinato del comunero mapuche de 24 años Jaime Mendoza Collío, quien recibió un balazo en la espalda durante la ocupación de un predio en Collipulli, en el 2009.

Un grado mayor de impunidad se produjo en la causa por el asesinato en enero del 2008 de Matías Catrileo. La fiscalía militar dictó una sentencia de 10 años de cárcel para el cabo Walter Ramírez, pero que luego fue remitida por la asistencia a firmar por dos años.

En tanto, desde la Araucanía aumentan las denuncias sobre abusos de violencia policial y torturas hacia los comuneros, mientras el Observatorio Ciudadano ha lanzado una campaña por la libertad de niños mapuche acusados por la Ley Antiterrorista.