El proceso en ausencia, ante la negativa de Chile de extraditar a los 13 chilenos y un argentino, culpables de secuestro, tortura y desapariciones de cuatro ciudadanos franco-chilenos, terminó con una actuación sin precedentes de los magistrados galos.
En el Tribunal de París - presidido por el juez Hervé Stephan-, Contreras y su lugarteniente Pedro Espinoza Bravo recibieron la pena máxima, y el resto de los encausados por los delitos de "secuestro acompañado de torturas y de actos de barbarie", extensas condenas de prisión.
Los ex agentes de la dictadura de Pinochet no cumplirán las sentencias, ya que casi todos ellos están encarcelados o con juicios pendientes en Chile, pero igualmente los familiares de las víctimas se manifestaron satisfechos por el fallo, que fue filmado para dejar constancia de sus argumentos.
Jorge Klein, Etienne Pesle y Alfonso Chanfreau desaparecieron en Chile y Jean Yves Claudet, en Argentina. Todos ellos, entre 1973 y 1975. Algunos testigos aseguraron sufrir torturas y vejaciones junto a los ciudadanos franceses, particularmente en el caso de Chanfreau, que estuvo secuestrado en el centro clandestino conocido como Londres 38.
Klein era asesor del gabinete del presidente socialista Salvador Allende cuando se produjo el golpe de Estado; Pesle desapareció el 19 de septiembre del mismo año, y Chanfreau y Claudet eran miembros del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).
La investigación acopió numerosas pruebas que permiten establecer que Pinochet, que dirigía personalmente la DINA, condujo una política destinada a eliminar y hacer desaparecer a adversarios políticos, remarcó la resolución judicial.
Los expedientes fueron investigados durante 12 años de instrucción, además de otros tres de juicios. Del resto de los acusados, tres recibieron penas de 30 años, seis de 25, uno de 20 y el restante, una condena de 15 años. La causa se inició en 1998, cuando el general Pinochet fue arrestado en Londres por una orden de captura internacional emitida por el magistrado español Baltasar Garzón.
Además de los casos de Contreras y Espinoza Bravo, las condenas más fuertes fueron para el general retirado Herman Julio Brady, a 30 años de cárcel, lo mismo que los coroneles retirados Marcelo Luis Moren Brito y Miguel Krasnoff Martchenko.
El coronel argentino José Osvaldo Riveiro fue condenado a 25 años de prisión, igual que Enrique Arancibia Clavel, el general Raúl Iturriaga, el coronel Gerardo Godoy García, el general Luis Ramírez Pineda y el suboficial Basclay Zapata Reyes.
El coronel Rafael Ahumada Valderrama fue condenado a 20 años y Emilio Sandoval Poo a 15 años de cárcel. El tribunal absolvió a José Octavio Zara Holger, por fallecimiento.
El juez leyó la sentencia en presencia de un centenar de familiares, entre éstos los hijos de los cuatro desaparecidos, de ex compañeros de trabajo y de abogados llegados de Chile, España y Francia, que saludaron la decisión del tribunal con un cerrado aplauso.
"Ninguna sentencia me va a devolver a mi padre, pero es un precedente importante para otras víctimas en Chile y en América Latina", afirmó Roberto Pesle, minutos después del anuncio de la sentencia, que fue más allá de las penas requeridas por el fiscal, Pierre Kramer, que había reclamado penas de entre 15 y 20 años de prisión.
"Estoy muy contenta y aliviada porque los asesinos directos recibieron una pena pesada", aseguró Jeanine Claudet, aún emocionada.
En un hecho poco común, el fiscal general de París, Francois Falletti, defendió la legitimidad de llevar a cabo este juicio en Francia, 37 años después de los hechos denunciados. "Es necesario recordarlo: este juicio es indispensable (...) y debe lanzar un mensaje claro" pues crímenes semejantes "deben dar lugar a demandas ante la justicia, en cualquier momento y lugar", afirmó Falletti.
"Este es el primer gran triunfo desde 1973 para las familias", se congratuló el abogado chileno Roberto Garretón, que consideró "adecuadas" las penas y confió en que sean "una lección para los jueces chilenos en la aplicación del derecho internacional".
Con los ojos todavía húmedos, Natalia Chanfreau sostuvo que con esta sentencia "se ha hecho justicia. Ahora falta que la cumplan", agregó, consciente de que estas condenas no serán aplicadas a menos que los acusados salgan de Chile o de Argentina, en cuyo caso serán detenidos en virtud de una orden de detención internacional.
Los magistrados ratificaron las órdenes de arresto que habían emitido en el año 2005, aunque algunos como Contreras ya cumplen sentencias de cárcel o domiciliarias en Chile por otros delitos.
