Las organizaciones reclamaron por el virtual desmantelamiento de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI); los despidos arbitrarios de abogados del Programa de DDHH del Ministerio del Interior, así como la lentitud de este organismo en hacerse parte de las causas pendientes por crímenes de la dictadura.
Al presidente de la Corte Suprema se le solicitó un pronunciamiento al respecto, toda vez que las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos estiman que las medidas adoptadas por el gobierno de Sebastián Piñera limitan y debilitan la acción del Poder Judicial para avanzar en los procesos por los crímenes de la dictadura.
"A partir de la instalación del nuevo gobierno, se ha ido sistemáticamente poniendo trabas a la acción de la justicia", dijo Roberto D´Orival, integrante de la Corporación Londres 38, espacio de memorias, al momento de entregar la carta al ministro del Interior en La Moneda, hasta donde llegó un grupo de representantes de las organizaciones acompañado del diputado Hugo Gutiérrez.
"Esta nueva forma de gobernar de la que nos habla el señor Piñera, está relacionada con nuevas y diversas formas de impunidad", añadió D´Orival, quien además expresó la preocupación de las organizaciones por las campañas de criminalización y represión contra las protestas sociales, como se ha evidenciado recientemente en el paro regional de Magallanes y en las comunidades de Rapa Nui.
Ver notas de prensa en:
Ver texto completo de las cartas
