La investigación de la causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar no tiene plazo de término, dijo el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, durante la reunión que sostuvo con organismos de derechos humanos y sitios de memoria.
Los representantes de Londres 38, la Casa de Memoria José Domingo Cañas, la Corporación Vila Grimaldi, la Comisión Ética Contra la Tortura, el Centro Verdad y Justicia y el Colectivo 119, Familiares, Amigos y Compañeros, fueron recibidos en su despacho por el alto magistrado.
Ante la consulta sobre las investigaciones que actualmente llevan los tribunales y lo señalado recientemente por la fiscal Beatriz Pedrals al presentar 726 nuevos requerimientos de investigación, respecto a la necesidad de "un horizonte de término" de estos procesos, Juica puntualizó que para los jueces lo importante es "avanzar en las investigaciones" y que no hay ninguna orientación en el sentido de establecer plazos para el término de éstas.
El objetivo de las agrupaciones fue hacerle presente al alto tribunal su preocupación por los cambios en la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, los despidos en el Programa de DDHH del Gobierno, la demora de este mismo programa en hacerse parte en más de medio centenar de procesos por ejecutados políticos, así como las recientes informaciones sobre la permanencia en altos cargos de las FFAA de oficiales que estuvieron en los organismos represivos, como la DINA y la CNI.
El presidente de la Corte Suprema destacó la importancia de la labor de los organismos auxiliares de la justicia y la disposición del Instituto Médico Legal, cuyo director lo visitó recientemente para reiterar la disponibilidad del servicio que dirige para colaborar con las nuevas investigaciones.
Ante la preocupación manifestada por las agrupaciones ante el virtual desmantelamiento de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, Juica señaló que el director de la PDI le había señalado que los recientes traslados no afectarían el compromiso de la institución con las tareas relacionadas con las causas criminales.
Juica también indicó que las causas están siendo analizadas por el ministro Mario Carroza, quien en conjunto con el Ministro Coordinador de causas por violaciones a los derechos humanos, Jaime Rodríguez, distribuirá los casos a las Cortes de Apelaciones de regiones o a los ministros que actualmente llevan procesos relacionados, asegurando que todos ellos van a ser investigados.
Para facilitar la labor de los jueces en Santiago -añadió el alto magistrado- se habilitará un espacio en otro edificio, donde se concentrarán todos los magistrados que llevan causas por violaciones a los derechos humanos. Junto con ello, aseguró que se dispondrán los recursos humanos y materiales necesarios para tales investigaciones.
A la salida del encuentro y ante consultas de la prensa, Gloria Elgueta, de Londres 38 espacio de memorias, indicó que la principal preocupación de las organizaciones de derechos humanos es que la justicia cuente con la colaboración y recursos que entregan otros poderes del Estado. De allí la necesidad de asegurar que los cambios en la PDI no afecten las investigaciones y que el gobierno cumpla con su obligación de hacerse parte de las causas criminales en curso.
Las organizaciones también manifestaron su preocupación por la posición que ocupa en la estructura del Ejército el general Guillermo Castro, quien admitió haber trabajado en la CNI. Esto, debido a que desde su cargo en el Estado Mayor, Castro valida la información que traspasa la institución armada a los tribunales de justicia sobre causas de violaciones a los derechos humanos.
