En su misiva, los ex presos y ex presas destacan que "tuvieron que pasar 19 años desde el término del régimen militar y 6 más desde que presentamos la demanda, para que se obtuviera la primera condena", haciendo alusión al fallo de septiembre de 2009, del Ministro de fuero Alejandro Solís por los casos de 20 ex prisioneras y ex prisioneros políticos del Centro de Detención y Torturas del Regimiento Tejas Verde.
Reiteran que es "obligación del Estado reparar a las víctimas de prisión política y torturas; y enfatizamos que en la medida que los autores, cómplices y encubridores, de este delito de lesa humanidad, no sean juzgados y sancionados como corresponde, no sólo no hay Reparación, sino que no hay Justicia. Y en este contexto, los organismos interamericanos son absolutamente competentes para conocer de violaciones ocurridas con posterioridad al 21 de agosto de 1990".
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