La justicia chilena se propone sancionar a Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche, sindicados como líderes de la Coordinadora Arauco Malleco, cuyas sentencias serán dictadas el próximo 22 de marzo. "Se quedan en prisión personas muy importantes para nosotros, personas que sabemos que van a seguir en este proceso de reconstrucción de nuestro pueblo, de la recuperación de tierras. Quienes han dedicado sus vidas a esto son los que se van a quedar adentro", dijo la portavoz Natividad Llanquileo, al conocer el dictamen de la justicia.
Según los jueces, ellos fueron encontrados culpables por los delitos de robo con intimidación y homicidio frustrado, ligado este último a un supuesto ataque en 2008 al fiscal Mario Elgueta.
La presunta emboscada a Elgueta es considerada por sectores de la oposición y comunidades indígenas como un montaje de latifundistas y fiscales para acallar la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras. "Era lo que habíamos dicho: que más que una persecución de carácter judicial, era una persecución política", subrayó Llanquileo.
"Se quedan presos por pensar distinto y levantar una bandera de lucha", dijo Luis Menares, uno de los comuneros absueltos, quien insistió en que pese a la absolución otorgada a todos en relación con la ley antiterrorista, ésta marcó cada momento del juicio "y no se puede descartar que en el futuro vuelva a ser utilizada".
Según el observador internacional Néstor Vega Salazar, de la Asociación Tierra y Libertad para Arauco, la Fiscalía no pudo lograr que los jueces aplicaran contra los mapuche la cuestionada ley antiterrorista, figura jurídica impuesta por el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y que esa ley fue invocada por el fiscal de la causa, Andrés Cruz, desoyendo incluso a importantes referentes de la opinión pública nacional y a expertos internacionales.
Para Vega Salazar, la liberación de la mayoría de los inculpados por falta de pruebas y el retiro de la acusación de "terrorismo" a los procesados, es el reconocimiento público de que este juicio fue un proceso anormal.
Los intereses económicos y políticos quedaron de manifiesto: castigar a los que se atreven a exigir sus derechos sobre sus territorios ancestrales e impedir a todo precio que continúe la recuperación de sus territorios expropiados por el Estado chileno y que hoy están en manos de empresas forestales y de particulares, sostuvo Vega Salazar.
"Entre las muchas violaciones al derecho penal cometidas por la Fiscalía estuvo la negación del principio de inocencia. Es decir, siempre se culpó a ultranza, sin evidencia probatoria", dijo José Venturelli, vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura.
La Fiscalía vulneró el debido proceso con irregularidades de todo tipo, entre ellas el empleo de los "testigos sin rostro" y el uso de policías e incluso de las supuestas víctimas, como testigos.
Es más, según informes diplomáticos estadounidenses -revelados por WikiLeaks- afirman que en la Araucanía no hay "terrorismo" ni vínculos de los mapuche con organizaciones extranjeras, el Ministreio Público se esforzó por probar lo contrario, aunque ello significara para los doce comuneros largos meses de prisión sin juicios ni condenas, además de violaciones al debido proceso.
Los abogados defensores de Llaitul, Llanquileo, Huillical y Huenuche anunciaron que apelarán el fallo de los jueces y argumentarán la falta de credibilidad que atribuyeron a los testimonios de los testigos empleados por el Ministerio Público.
Defensora Nacional
Los cuatro comuneros condenados no recibieron "un juicio justo", declaró Paula Vial, Defensora Nacional. "Ellos ya fueron prejuzgados. Es un juego complejo, que se produce entre afirmaciones que no lograron ser probadas y aquello que queda como sensación en la opinión pública", afirmó la abogada.
Vial aseguró que el juicio contra los comuneros estuvo lleno de irregularidades, porque incluso el testimonio de uno de los acusados, afirma, fue obtenido bajo tortura pero no fue desestimado y tampoco se ordenó la realización de una investigación acuciosa sobre el hecho. Vial insiste que un caso así "es evidente que no puede ser base probatoria de un hecho determinado, porque es ilegal y esencialmente nulo como elemento de prueba".
La Defensora Nacional también fustigó el uso de testigos sin rostro, donde "uno de ellos dijo reconocer a algunos de los imputados, como partícipes de un delito en particular por la voz... Y resulta que él es sordo". "Es la esencia de lo absurdo" y una prueba de la "desigualdad en la que te encuentras bajo la Ley Antiterrorista", añadió.
En tanto, para el codirector del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, el hecho de que las condenas se sustenten en declaraciones de testigos protegidos que han entrado en evidente contradicción y que existan denuncias sobre que algunas de ellas fueron obtenidas bajo tortura, "evidencia las debilidades de los procesos que se sustancian al amparo de la ley antiterrorista, aún luego de su modificación por el Congreso Nacional el 2010".
Por lo mismo, sostuvo, "se mantiene la necesidad de reformarla para adecuarla a las garantías del debido proceso".
A su vez, José Araya, de CODEPU, destacó que "este veredicto resulta fundamental, puesto a que es el primero que se dicta por los tribunales en una serie de juicios que se van a sustanciar en los próximos meses en contra de mapuche acusados por el Ministerio Público de cometer delitos terroristas". Manifestó su preocupación por el hecho que "aunque se haya absuelto a los imputados de los delitos de incendio terrorista de los que se acusaba, los jueces consideraron que este delito tenía el propósito de causar miedo y temor en la población".
Juicio a menores de edad
El pasado lunes 28 de Febrero 2011 comenzó la preparación de los Juicios Orales a los menores de edad Cristian Cayupán y José Ñirripil de la Comunidad Mateo Ñirripil Lof Muko, y también contra Luis Marileo de la Comunidad Cacique Jose Guiñon. Los dos primeros están con la medida cautelar de arresto a domicilio total, mientras Luis Marileo permanece con arresto a domicilio parcial.
El abogado Lorenzo Morales manifestó la gravedad de la Aplicación de la Ley Antiterrorista a los menores de edad mapuche por la justicia del Estado chileno, ya que es dable considerar que en dos de los tres juicios se ocupará una herramienta inédita por el Ministerio Público: la del "colaborador".
Para el jurista, una vez que comiencen las presentaciones de fondo de las causas, el Ministerio Público recurrirá al artículo 4 de la ley 18.314 que permite la delación, la cual es considerada por los organismos judiciales y recibe una pena menor.
"Esta herramienta es superior al del testigo protegido y nos plantea un tema que tiene que ver con la infiltración de la protesta social y de la veracidad o no del colaborador que será el que tendrá el real sostenimiento de un juicio", dice el abogado. Agrega que el temor que plantea la figura es que "estamos ante un delator, un funcionario del Estado, o un soplón", que recibe dineros del Estado.
