Como otras veces, aquellos pocos militares y civiles que cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad esperan su oportunidad para obtener beneficios carcelarios y, en última instancia, su libertad. Ahora quieren aprovechar la excarcelación masiva que propone el gobierno derechista de Sebastián Piñera, quien pretende así hacer frente a la aguda crisis carcelaria que vive Chile por la aplicación de políticas represivas indiscriminadas que tienen al país en el ranking de las más altas poblaciones penales.
Los militares y civiles que cumplen condenas por graves violaciones a los derechos humanos -ejecuciones sumarias y desaparición forzada de personas- cuentan con el apoyo siempre incondicional de la derecha, cuyos representantes reclaman beneficios para quienes, dicen, "defendieron la Patria". Es decir, para quienes estuvieron implicados en asesinatos y desapariciones forzadas de personas y otros tantos crímenes ampliamente documentados en los Informes Rettig y Valech y que en su inmensa mayoría se han negado a colaborar con la justicia, manteniendo hasta hoy un pacto de silencio, propio de las organizaciones criminales, respecto al destino de las personas detenidas desaparecidas.
En un claro intento de manipulación de la opinión pública, desde la derecha se ha descalificado con insistencia las legítimas demandas de justicia igualándolas a la venganza, para ahora instalar una impunidad disfrazada de "clemencia".
Al coro de nostálgicos de los años de los generales Pinochet y Manuel Contreras se ha sumado el comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, quien ha reclamado para los ex represores "igualdad ante la ley". Para el alto jefe militar -que actúa cual vocero de los represores- es homologable la situación de una persona encarcelada por primera vez, que ha cometido delitos menores, muchas veces empujadas por su condición de pobreza, con aquellos que pasaron por institutos de alta formación militar y usaron todos los recursos que les dio la dictadura para ejercer el terrorismo de Estado.
El presidente Piñera y su vocera de Gobierno han argumentado que "cuando se habla de razones humanitarias no se debe hacer ninguna distinción entre civiles o militares", cuando la verdadera distinción debe hacerse entre quienes han cometidos delitos comunes y delitos de lesa humanidad, éstos últimos calificados por los tratados internacionales y que fueron ejecutados con los recursos del Estado, el mismo que usaron después para ocultar sus responsabilidades y eludir a la justicia.
La crisis carcelaria de Chile, que se hizo patente con la muerte de 83 presos en el incendio en la cárcel de San Miguel el pasado 8 de diciembre, no se podrá resolver sólo con excarcelaciones masivas, ni menos si ella incluye a quienes cometieron crímenes abominables. Chile requiere de una reforma de su sistema penal que respete los derechos humanos, que invierta recursos en rehabilitación de los reclusos y sobre todo en la reinserción de éstos en la sociedad. Por cierto, la crisis carcelaria no alcanza a Punta Peuco ni al Penal Cordillera, donde los represores gozan de condiciones que no tienen los miles de reclusos que viven hacinados en las cárceles chilenas.
Llamamos a toda la sociedad a rechazar este intento de imponer la impunidad, y particularmente a los parlamentarios a que no se hagan cómplices de esta maniobra. La sola propuesta de que en las excarcelaciones estén incluidos criminales que actuaron bajo el amparo del Estado violenta a todos quienes quieren vivir en una sociedad verdaderamente democrática. Lo otro es pura y simple impunidad.
Santiago, marzo de 2011.
Firman
- Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
- Londres 38, espacio de memorias
- Casa de Memoria José Domingo Cañas 1367
- Comisión Ética Contra la Tortura
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