Como "desproporcionadas" y excesivas" fueron calificadas por el Observatorio Ciudadano las altas condenas que recibieron los comuneros mapuche Héctor Llaitul Carrillanaca, a 25 años de prisión, y de Ramón Llanquileo Pilquimán, José Henuche Reimán Jonathan Huillical Méndez, a 20 años de prisión.
Las elevadas penas aplicadas en este juicio a los comuneros mapuche, agregó la entidad con sede en Temuco, contrastan con la impunidad en que han quedado delitos similares y más graves, como el homicidio cometido en contra de personas mapuche por agentes policiales del Estado, que se han verificado en el marco de los conflictos por tierras en el sur del país. "Ello da muestra de la falta de imparcialidad con que actúa la justicia en este complejo contexto, cuestión que en nada contribuye a la superación de las tensiones interétnicas en el país", indicó el organismo dirigido por José Aylwin.
Aunque a ninguno de los condenados les fue aplicada la "conducta terrorista" contemplada en la Ley 18.314 en los delitos por los que se les condenó, las pruebas que sirvieron en su condena son resultado de un proceso judicial seguido bajo el alero de dicho cuerpo legal, por cuanto en éste, se utilizaron testimonios de testigos con identidad reservada. Dicha situación evidencia una grave vulneración al principio del debido proceso. Además del uso de un "testigo sin rostro", la sentencia también consideró un testimonio obtenido bajo tortura, según fue denunciado por los propios dirigentes mapuche.
Los cuatro condenados, en huelga de hambre desde hace más de una semana, anunciaron que impugnarán el juicio por diversas irregularidades. Durante la lectura de la sentencia estuvieron acompañados por gran número de comuneros mapuche.
En tanto, como "artero y antiético" calificó el ex juez y hoy parte de la defensa de Héctor Llaitul, Juan Guzmán Tapia, el actuar de la fiscalía durante el proceso que terminó con cuatro comuneros condenados.
"No la considero ética porque los resultados demuestran que la ley que se utilizó no correspondía. Se ocupó porque, en el fondo, es mucho más represiva y permite mayor tiempo por parte de los fiscales con los procesados. Pueden estar hasta diez días privados de libertad y a su disposición antes de ser puestos a disposición de un juez de garantía", precisó Guzmán.
El Ministerio Público invocó la Ley Antiterrorista para procesar a los comuneros mapuche acusados de una serie de delitos, entre ellos el atentado contra el bypass de Temuco y el supuesto ataque contra el fiscal Mario Elgueta.
"Es una verdadera locura y una exageración", opinó la vocera mapuche Natividad Llanquileo sobre las penas entre 20 y 25 años de cárcel que aplicó la justicia chilena a los líderes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Llanquileo denunció el trasfondo político de la condena, orientada a silenciar la lucha de los mapuche por sus derechos y dirigida contra cuatro comuneros que son líderes de su pueblo, importantes referentes por su pensamiento e historia de lucha.
Insistió en que detrás de penas tan altas hay una clara persecución contra la CAM y contra el ideario de una organización que ha tenido grandes avances en la defensa de la causa mapuche.
"Se busca debilitar el movimiento y quebrarlo; tener presa a gente que piensa, que está en contra del modelo económico de Chile y en contra del abuso en las comunidades indígenas", añadió.
Pamela Pesoa, esposa de Héctor Llaitul, sindicado como líder principal de la CAM y a quien se le condenó a permanecer un cuarto de siglo tras las rejas, criticó las irregularidades del proceso y el arribo a un veredicto a partir de testigos secretos y de oídas, prácticas utilizadas al amparo de la ley antiterrorista.
"Era lo que habíamos esperado porque se trató de un juicio político, sin evidencia científica, sin pruebas. La justicia no existe en Chile para el pueblo mapuche", apuntó Pesoa.
