Más de cien mil personas salieron a las calles de Santiago en menos de una semana para oponerse al proyecto de dos de las empresas monopólicas de energía (Endesa y Colbún), mientras otros tantos miles se manifestaron en 26 ciudades chilenas. Las corporaciones mineras que operan en el norte del país son las principales destinatarias de la energía que se proyecta transportar por más de 2.000 kilómetros. Estas empresas mineras consumen hoy 40 por ciento de la energía producida en Chile.
El duopolio Endesa (española controlada por la italiana Enel) y Colbún (de propiedad del grupo Matte) controla el 70 por ciento del mercado eléctrico chileno. Son estas empresas -según estudios y denuncias de ecologistas como Sara Larraín y Patricio Rodrigo- las que imponen trabas para importar tecnologías no convencionales que, estiman, podrían aportar hasta 30 por ciento de la demanda energética a costos competitivos, especialmente en las áreas geotérmica y eólica.
Endesa y Colbún son socias en HidroAysén, que proyecta construir cinco represas en los ríos patagónicos Pascua y Baker, considerados entre los más puros del planeta. Endesa posee además los derechos de agua de ambos ríos, lo que agregó a los cada vez más masivos debates ciudadanos la necesidad de nacionalizar el agua, privatizada durante la dictadura, en un régimen posteriormente reforzado por los sucesivos gobiernos de la Concertación.
El proyecto original fue presentado en el 2008, durante el gobierno de Michelle Bachelet, y recibió dos sucesivos rechazos de las autoridades locales que, de acuerdo a la institucionalidad ambiental, son las encargadas de visar este tipo de inversiones. La Conaf, por ejemplo, objetó el proyecto en su totalidad, pus su construcción arrasa con amplias extensiones de bosques nativos y el tendido eléctrico invade zonas protegidas.
Pero con la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda las objeciones de las nuevas autoridades terminaron. El propio ministro del Interior, el día de la votación de los representantes ministeriales en la Región de Aysén, advirtió que el gobierno estima necesaria la construcción de las represas. Piñera, en tanto, confirmó tal propósito y añadió que sin HidroAysén el país no tendrá electricidad a fines de la década.
Para transportar la energía desde Aysén se requeriría instalar centenares de torres de alta tensión de 70 metros de altura en una trocha de 100 metros de ancho que pasaría por seis parques nacionales, 11 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación y 32 áreas protegidas privadas, deforestando unos 2.000 kilómetros cuadrados. Además, sería necesario reubicar asentamientos humanos.
El proyecto de las antenas es separado al de las represas, lo que dio pie a suspicacias, pues se rige por la ley de permisos mineros. La inversión total de ambos planes supera los 7.000 millones de dólares, y se calcula que la tasa de lucro líquido superaría los 1.000 millones de dólares anuales.
En las calles
La danza de millones en inversiones y las cifras proyectadas de ganancias que obtendrá el duopolio Endesa-Colbún, es parte de la indignación ciudadana, como también la percepción de que estas megainversiones destruyen el medioambiente sin que sus beneficios alcancen a los hogares. Es quizás la razón por la que los millares de manifestantes concentran su reclamo contra el modelo neoliberal, la voracidad de las grandes corporaciones y el mercado capturado por estas empresas que imponen altas tarifas al consumo energético domiciliario.
Las movilizaciones, como ya sucedió con las protestas contra la termoeléctrica de Barrancones o la paralización de Magallanes contra el alza del gas, han sorprendido a las formaciones políticas, tanto por su amplitud, diversidad, y masividad, como por su sello ciudadano.
Las miles de personas en las calles identificaron claramente a los responsables del "saqueo ambiental": la derecha, el gobierno de Piñera, las empresas transnacionales, los grupos económicos, etc. De "apolíticas", nada.
La respuesta del gobierno a las manifestaciones fue una intensa represión, justificada en la necesidad de contener a pequeños grupos de "vándalos", atacando a decenas de miles de personas con carros lanzagua y gases lacrimógenos. Una jueza de Santiago declaró ilegales los cientos de detenciones efectuadas el 9 de mayo por policías que ocultaban sus placas.
El ambiente de protesta crece y amenaza con extenderse a otras áreas como la educación (la marcha estudiantil del 12 de mayo congregó a más de 20 mil personas sólo en Santiago y a más de 80 mil en el resto del país), la salud y contra las alzas del transporte y los alimentos.
