"El último informe médico indica que la situación es bastante compleja y el médico sugiere que sean trasladados a un centro asistencial donde no estén expuestos a infección intrahospitalaria, porque están muy vulnerables en su sistema inmunológico", explicó la dirigente, quien precisó que Héctor Llaitul perdió 21,5 kilos; Jonathan Huillical 19,3 kilos; José Huenuche 17,2 kilos, y Ramón Llanquileo 18,1 kilos. Este último, además, "presenta un problema cardíaco".
Los abogados de los cuatro presos pidieron a la Corte Suprema que anule su proceso porque se realizó bajo condiciones que no permitieron su adecuada defensa al incluir testigos sin rostro. El tribunal anunció su decisión para el próximo 3 de junio.
Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, objetó el juicio en el que se condenó a los cuatro mapuches "porque se aplicaron las ventajas investigativas de la Ley Antiterrorista, que fue invocada por el Ministerio Público para llegar a sanciones penales comunes".
En estos momentos no hay ninguna mediación en marcha, como la hubo hace un año a través de la Iglesia católico cuando estos mismos cuatro y otros 15 mapuches detenidos hicieron otra huelga de hambre durante 70 días.
Al respecto, Natividad Llanquileo dijo que a pesar de la situación actual, ni autoridades de la Iglesia ni del Gobierno se han acercado a dialogar con personeros del movimiento para buscar una solución a su problema. Específicamente, la imposición de penas carcelarias superiores a los 20 años en juicios objetados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
"Desde la última vez que hablamos con monseñor Ricardo Ezzati, que fue después de la movilización que hicimos dentro de la catedral, no hemos tenido ninguna conversación con él ni con el gobierno tampoco. Al parecer, no están muy interesados en este tema, especialmente el gobierno, que en realidad ni se inmuta con lo que está pasando y no está viendo la gravedad de lo que está sucediendo con la salud de los comuneros", señaló.
Llanquileo concluyó que aunque el gobierno ha cumplido algunos compromisos, como el retiro de las querellas por Ley Antiterrorista, por otra parte ha avalado todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público y ha solicitado que no se anule el juicio oral en su contra.
