"Londres 38, espacio de memorias, ante los nuevos informes oficiales sobre víctimas de la represión de la dictadura militar que se impuso en Chile entre 1973 y 1990, puntualiza:
Chile y sus pueblos están pagando, en estos días, el precio de la "justicia en la medida de lo posible", de la impunidad y de la reconciliación fallida que se ha querido imponer desde los círculos del poder. De los 32 mil nuevos casos por torturas que fueron presentados, menos de 10 mil han sido reconocidos, que se suman a los casi 29 mil reconocidos en el primer Informe Valech. Pese a la magnitud de las cifras, en los tribunales de justicia apenas hay 24 causas activas por torturas (Informe del Observatorio de Derechos Humanos de la UDP). Mientras otras 1.422 causas judiciales por ejecuciones y desaparición forzada aún permanecen abiertas. De los 777 ex agentes represores procesados, responsables de los crímenes, apenas 66 cumplen penas efectivas de cárcel.
El secreto establecido por ley por los próximos cincuenta años para los testimonios entregados a la Comisión Valech, incluidos los nombres de los victimarios, contribuye igualmente a la impunidad.
Junto con ello rechazamos el reconocimiento como víctima de Miguel Estay Reyno ya que no puede ser considerado en esa calidad quien se convirtió en ejecutor material de crímenes de lesa humanidad -entre ellos el asesinato de prisioneros-, y cumple actualmente una condena a prisión perpetua por ellos.
Lo anterior da cuenta no sólo de la magnitud de los atropellos a los derechos humanos cometidos por la dictadura, sino también de la escasa voluntad política de parte del Estado por reconocer el alcance del terrorismo de Estado, reparar a las millares de víctimas y asumir un compromiso efectivo que permita evitar la reedición de estas prácticas en el presente. En lugar de ello, la violencia y el abuso policial siguen siendo una realidad cotidiana que busca criminalizar la movilización y la protesta social.
La falta de justicia permite que hoy la tortura siga siendo una práctica que ejercen los agentes del Estado, como ha quedado en evidencia en la represión contra las movilizaciones sociales. La verdad intenta ser escamoteada por los agentes del Estado que trataron de ocultar el asesinato del joven Manuel Gutiérrez, baleado la noche del 25 de agosto. Agentes del Estado hicieron desaparecer al joven mapuche José Huenante de Puerto Montt, en septiembre de 2005. Agentes del Estado mataron a balazos a Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza y Johnny Cariqueo. Ese es el costo de la impunidad en el presente.
Londres 38, espacio de memorias, demanda que el Congreso legisle para tipificar la tortura como un delito dentro del Código Penal. Exige además que los delitos de lesa humanidad (incluida la tortura) sean declarados impresciptibles, inanmistiables y que no puedan ser indultados por decisión presidencial, como lo establecen los tratados internacionales.
Estas medidas constituyen condiciones básicas para la vigencia de un Estado de Derecho y una sociedad verdaderamente democráticas".
Londres 38, espacio de memorias
www.londres38.cl
Santiago de Chile, agosto de 2011.
Declaración: Chile paga el costo de la impunidad
Publicado el 06 de septiembre de 2011
Londres 38, espacio de memorias, se pronuncia a raíz de los últimos informes oficiales sobre violaciones a los DDHH durante el régimen de Pinochet.
