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Gobierno impulsa nuevas medidas para criminalizar protestas

Con penas de hasta tres años de presidio podrían ser castigados los estudiantes que participen en tomas de sus recintos educacionales. El gobierno de Sebastián Piñera impulsa una reforma al Código Penal donde la ocupación -una de las formas pacíficas de protesta que históricamente han usado los movimientos sociales- sea tipificada como un delito, que en este caso afectaría a los niños y jóvenes estudiantes. La medida, un paso más en la criminalización de las luchas sociales, entra en conflicto con derechos consagrados en la legislación y tratados internacionales a los cuales Chile está adscrito.

Publicado el 04 de octubre de 2011

"El que pretende atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos o contra la propiedad pública o privada se va a encontrar con una legislación dura y firme que va a establecer los castigos que correspondan a actos criminales", dijo Piñera al anunciar las nuevas tipificaciones de delitos que pretende incluir en las leyes penales, sin considerar que ellas trasgreden el derecho a la libertad de expresión y protesta, así como una violación a la Convención Internacional de los derechos de niñas y niños de la ONU de la cual Chile es signatario.

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La abierta criminalización de la protesta social fue presentada por el presidente Piñera en medio de otros anuncios que endurecen las penas contra el narcotráfico y otros delitos comunes, que son parte de las promesas incluidas del actual gobierno ya que durante su campaña se comprometió a reducir la delincuencia. Con esta mezcla de "nuevos delitos", donde incluye el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos, como transportes, salud o agua potable, y además regula  sanciones por bombas incendiarias, facilidades para la obtención de medios de prueba y establece como agravante el actuar encapuchado, el gobierno busca frenar la protesta social por la vía de criminalizar sus métodos y formas de lucha. El blanco de tales disposiciones, en estos momentos, es el movimiento estudiantil que durante cinco meses ha puesto en jaque al gobierno con su demanda de educación pública gratuita y de calidad.

"Con este cambio que proponemos a nuestra legislación, la lucha contra la delincuencia y frente a los que atentan contra el orden público va a ser más eficaz y los castigos van a ser más duros y más rigurosos", afirmó Piñera en el Palacio de La Moneda, acompañado del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. "Lo que queremos, añadió, es hacer compatibilizar el derecho a manifestarse con el orden público y con el derecho de los demás a vivir en paz".

El presidente del capítulo regional Santiago de la Asociación de Magistrados, José Delgado, estimo que las nuevas tipificaciones son innecesarias, ya que la actual legislación las incluye. "Me parece que la ley contempla las sanciones para esas situaciones, ahora, tipificar otra situación ya no depende del Poder Judicial sino del Ejecutivo. Es una cuestión que deberían evaluar los legisladores, pero seguir aumentando los tipos penales no tiene ningún sentido", dijo el magistrado.

El líder de la U. de Valparaíso y miembro de la Confech, Sebastián Farfán, señaló que el proyecto de La Moneda -que endurece las medidas frente a desórdenes públicos y que penaliza las tomas- es una medida que busca detener al movimiento y que daña aún más las confianzas a horas de comenzar la mesa de diálogo sobre gratuidad con el ministro de Educación, Felipe Bulnes. "Nos parece negativo y no es casualidad que aparezca en medio de un movimiento social. La medida daña aún más las confianzas y perjudica el diálogo fructífero de las mesas porque los compañeros que están en toma se preguntan si de verdad hay voluntad para avanzar o hay más empeño en desarticular al movimiento. Esto confirma nuestras sospechas", explicó el dirigente.

"El gobierno está desesperado por controlar la efervescencia porque más que querer solucionar el problema de fondo quieren terminar con las marchas y el conflicto", dijo la dirigente  de U. de La Serena, Laura Palma. A su vez, el presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, dijo que la medida que pretende sancionar hasta con tres años de cárcel a los alumnos que participen de tomas o manifestaciones es un despropósito. "Responde solamente a la lógica de revisar el síntoma y no revisar la enfermedad. Se está haciendo una mirada superficial del tema", añadió.