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Asoma la impunidad en crimen de Manuel Gutiérrez

Tres efectivos de Carabineros involucrados en la muerte del adolescente continúan en servicio activo en esa institución, trabajan en otras comisarías o reparticiones y no fueron dados de baja, como inicialmente informó el alto mando policial. Para el sábado 25 de febrero a las 21h00, el Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez junto a organizaciones locales están convocando a una velatón en la Plaza Ñuñoa.

Publicado el 14 de febrero de 2012
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Se trata de dos oficiales y de una agente, quienes incluso habían estado arrestados por su grado de responsabilidad en la muerte del joven de 16 años de edad, quien murió baleado en el contexto de una protesta nacional por cambios en el modelo educacional, el pasado 25 de agosto. Al enterarse de la decisión de Carabineros de mantener en servicio activo a tres de los policías involucrados en el hecho, el hermano del estudiante asesinado, Gerson Gutiérrez, dijo que a todas luces hay impunidad en Chile con las acciones de la fuerza policial, además de menosprecio a la familia de la víctima por su condición social. "Se han burlado de nosotros porque somos pobres", afirmó Gerson, quien fue testigo del crimen de su hermano.

Gerson Gutiérrez expresó su molestia tras conocer que tres de los uniformados sancionados permanecen activos y cumpliendo labores en Carabineros. El mayor Roberto Contreras fue destinado a la Central de Comunicaciones; el capitán Carlos Castillo a la Academia de Ciencias Policiales; mientras la subteniente Claudia Iglesias fue destinada a la Sexta Comisaría de Recoleta, pero será dada de baja cuando vuelva del fuero maternal.

Tras la muerte de Manuel Gutiérrez habían sido llamados a retiro nueve efectivos de Carabineros, incluido el sargento Miguel Millacura, autor del disparo mortal y a quien una Corte Marcial le otorgó la libertad bajo fianza en noviembre último, pese a que la fiscal a cargo de la indagatoria confirmó su autoría en el hecho criminal.

Manuel Gutiérrez murió de un disparo proveniente de la subametralladora UZI que portaba Millacura la noche del pasado 25 de agosto en la comuna de Macul de Santiago, mientras presenciaba una protesta social en ese lugar junto a su hermano discapacitado.

Mireya Reynoso, madre de Manuel Gutiérrez, asegura que las autoridades le prometieron justicia, por lo que considera "una burla" el traslado de estos tres funcionarios a otras reparticiones policiales. "Como familia nos sentimos impotentes, nos sentimos menoscabados. Porque se nos dice una cosa y se hace otra. Se nos dice 'los vamos a ayudar, vamos a sacar la cara por ustedes, no se preocupen' y resulta que hacen otra cosa". La madre del joven asesinado relató que cuando asumió el nuevo General Director de Carabineros, Gustavo González Juré, éste les ofreció toda la ayuda necesaria para esclarecer el hecho. "Me da la mano y me dice 'señora Mireya, lo que usted quiera'. Nos citan a una reunión familiar, a un tecito con mis hijos (...) Cuando salió Millacura (en libertad) le dije 'quiero justicia'", precisó.

La madre de Manuel Gutiérrez asegura que esta situación no le habría ocurrido si contara con más recursos económicos. "Es lo primero que nosotros pensamos, que nos pasan estas cosas porque somos pobres, porque nosotros no podemos pagar los mejores abogados de Chile. Por lo tanto, no hay igualdad de derechos, no hay justicia", afirma. "A mí nadie me va a devolver a mi hijo, el dolor por perder a mi hijo es una cosa que es cada día mayor. Nada me lo va a devolver pero, por lo menos, quiero sentir que no fue en vano, quiero sentir que mi hijo es mirado como un ser humano, como un ciudadano chileno con todos sus derechos", indicó.

En tanto, el abogado de la Defensoría Popular Rodrigo Román comentó que "se está ante un nuevo intento de instalar una peligrosa impunidad ante una sociedad que se dice democrática". Y añadió que "es una potente y pésima señal que contrasta con el discurso del gobierno en cuanto a la persecución de la delincuencia", para enseguida subrayar que "en Chile los crímenes de los uniformados quedan en la impunidad".

Recursos que frenan sanciones

A su vez, el abogado Claudio Jofré, quien asumió la defensa del capitán Carlos Castillo y el mayor Roberto Contreras una vez que Gordon anunció la baja de la totalidad de los funcionarios involucrados en el caso, dijo que presentó un recurso de reposición ante la Presidencia de la República con copia al Ministerio del Interior, "dando cuenta de que el acto era ilegal y arbitrario". Explicó que con esta acción logró detener la tramitación de la baja de sus clientes. Al mismo tiempo comenzó un proceso de investigación y se dictaminó efectivamente el traslado. Al culminar el sumario, se establece la baja de todos los efectivos, sin embargo -según dijo el abogado- apelan y logran una condena mucho menor, que es lo que finalmente informó Carabineros a través de un comunicado.

"Se decide aplicar un día de arresto a Contreras y tres días de arresto a Castillo. A la subteniente Iglesias se la aplica la baja", indicó Jofré, desvinculación que la mujer no puede ahora cumplir por encontrarse con fuero maternal. En tanto, Contreras informó hace dos semanas su retiro voluntario de la institución, mientras que Castillo continúa estudiando en la Academia de Ciencias Policiales.

La trama de encubrimiento

"Descarto de plano la participación de Carabineros, al menos disparando armas de fuego contra un joven de las características y en las circunstancias que hemos conocido", afirmó el entonces segundo jefe de la Zona Metropolitana de la institución policial, el general Sergio Gajardo, horas después del crimen, ocurrido la noche del 25 de agosto.

Cuatro días después, el 29 de agosto, fue dado de baja el sargento segundo Miguel Millacura Cárcamo, luego de reconocer que ejecutó dos tiros al aire en las inmediaciones donde fue impactado el joven, lo que intentó esconder. Adicionalmente, se decidió la baja de los cabos segundos Patricio Bravo Muñoz y Francisco Vásquez Flores, así como del Carabinero Williams Rodríguez. También se ejecutó la llamada a retiro de la subteniente Claudia Iglesias y se solicitó la renuncia de Sergio Gajardo. Al día siguiente la misma institución llamó a retiro al prefecto de la Zona Cordillera, coronel Sergio Uribe, además del comisario de la 43° Comisaría de Peñalolén Roberto Contreras y el subcomisario de la misma unidad, capitán Carlos Castillo Ahumada. Todos ellos formaban parte de la cadena de mando, donde en distintos niveles intentaron evitar una investigación u ocultar los hechos.

El ministro de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, al ser consultado por la presencia en el servicio activo de los tres oficiales policiales, aseguró que le solicitó al general director de Carabineros (s) José Luis Ortega, "un informe por escrito respecto de la situación".

Piden renuncia de ministro

Ya el 25 de enero pasado, la familia de Manuel Gutiérrez había solicitado al Presidente Sebastián Piñera que se haga justicia en el caso, durante una marcha desde la Plaza de Armas hasta La Moneda, donde la familia y amigos de ésta entregaron una carta en la que piden la renuncia del ministro Hinzpeter, la cárcel efectiva para el carabinero que le disparó y reformar la justicia militar. Ese día, la hermana del estudiante asesinado, Jacqueline Gutiérrez, sostuvo que "como familia sentimos que no hemos podido vivir nuestro duelo como corresponde y como deberíamos vivirlo al 100 por ciento, por el hecho de que no tenemos justicia. Para nosotros Manuel todavía está en el limbo, todavía no lo podemos llorar con la paz que deberíamos llorarlo".

En noviembre pasado, la Corte Marcial dejó en libertad a Miguel Millacura. El tribunal castrense determinó que era suficiente el tiempo que el ex uniformado había pasado bajo arresto, por lo que estimó que deberá esperar en libertad el resto del proceso que se instruye en su contra.

Convocatoria

Para el sábado 25 de febrero a las 21.00 horas, el Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez y organizaciones locales están convocando a una velatón en la Plaza Ñuñoa, para recordarlo a seis meses desde su asesinato.