El diálogo con el gobierno, en tanto, está entrampado desde que La Moneda inició maniobras para dividir al movimiento, así como al mostrarse intransigente en aceptar medidas que son demandadas por la región ante la ausencia de políticas públicas destinadas a abatir el elevado precio que tienen allí la energía y los alimentos. A lo anterior se ha agregado la aplicación de Ley de Seguridad del Estado contra 22 personas, algunas de ellas dirigentes del movimiento.
Los habitantes de Aysén levantaron un petitorio de 11 puntos, que incluyen poner fin al aislamiento mediante la construcción de caminos y subsidios al transporte, consulta obligatoria sobre proyectos previstos para la región, que los beneficios de la explotación de recursos naturales se distribuyan prioritariamente en ese distrito, mejoras en los servicios de salud y educación, y rebajas a los precios de combustibles y alimentos, entre otros.
"Hemos sido capaces de converger en intereses y espíritu, y a partir de eso se ha dado una organización popular maravillosa. Hoy tienes a un pueblo que se levantó, pero que ha sido capaz de organizarse, de tomarse la mano y unirse. Esa sinergia es muy difícil de romper para el gobierno", ha explicado el presidente regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Julio López.
El punto central del petitorio es la rebaja sustancial de precios de combustibles como petróleo y gasolina, pero también de la leña, esencial para el diario vivir de la población aysenina.
Las protestas de Aysén recuerdan a las que se organizaron contra el alza del precio del gas en la austral región de Magallanes, 3.000 kilómetros al sur de Santiago, que en enero de 2011 fueron la obertura de movilizaciones sin precedentes en este país desde la recuperación de la democracia en 1990, encabezadas por los estudiantes. Movilizaciones similares se han realizado también en Calama y Arica. Sin embargo, en el caso de Aysén, donde el gobierno busca aislar el conflicto, los medios de prensa han iniciado una campaña sistemática por deslegitimar la movilización, criminalizar la protesta y tergiversar la información que emana desde la organización ciudadana.
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