Los programas matinales de la televisión chilena comenzaron a descubrir durante la última semana que detrás de las palabras "secreto militar" se puede ocultar de todo, incluso informes, evaluaciones técnicas y detalles sobre un accidente de tan alto impacto como el ocurrido en septiembre pasado en las Islas Juan Fernández, donde 21 personas murieron al estrellarse un avión de la Fuerza Aérea. El secretismo y ocultamiento de información a los tribunales por parte de las Fuerzas Armadas es una práctica recurrente. Ocurrió en el pasado, durante la dictadura, al intentar ocultar crímenes y sus responsables, como también recientemente, al tratar de esconder grandes negociados donde han estado involucrados altos oficiales.
Entre los familiares y cercanos de las víctimas, en su mayoría civiles, que viajaban a Juan Fernández en una nave CASA 212 la indignación ha ido en aumento al enterarse de las demoras de la FACh en entregar información precisa sobre el accidente, el ocultamiento de datos y el intento por minimizar los factores de riesgo que tenía el aparato antes del despegue. Un informe de la Junta Investigadora de Accidentes -conocido casi seis meses después del accidente- estableció que el avión habría despegado con un exceso de peso de 165 kilos, equivalente a 2% por sobre del máximo de despegue. El hecho produjo la solicitud de renuncia del jefe del Comando de Combate de la FACh, general Carlos Bertens, según anunció el comandante en jefe de la institución, general Jorge Rojas Ávila.
Sólo unos días después, la prensa informó que el aparato accidentado estuvo cinco meses sin actividad en los talleres de Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer) en Santiago, lugar de reparación, donde pese a detectarse daños en una de sus alas, necesidad de recambio de pernos y fallas en la baliza de emergencia, la aeronave sólo fue pintada.
Ante el flagrante ocultamiento de información, las familias de las víctimas han solicitado la renuncia del jefe de la FACh, llamado al que se han sumado parlamentarios y otros sectores de la sociedad civil.
El percance del avión militar en el que viajaban 18 civiles y tres uniformados causó conmoción en Chile, principalmente porque la delegación tenía como objetivo participar en las tareas de reconstrucción tras el maremoto que devastó a la isla posterior al terremoto de febrero de 2010. En la delegación participaban funcionarios del gobierno, colaboradores voluntarios de organizaciones civiles y un equipo completo de periodistas y productores del programa "Buenos días a todos" de TVN, entre ellos el popular animador Felipe Camiroaga.
Una práctica de siempre
El secretismo y ocultamiento de información no es nuevo en las Fuerzas Armadas chilenas en general, ni en la FACh en particular. Durante 17 años, en el periodo de la dictadura, la desaparición forzada, las ejecuciones, las exhumaciones ilegales, las inhumaciones ilegales, el soplonaje y muchas otras prácticas tuvieron su soporte principal en el "secreto militar"; así como también en el ocultamiento de información a la población sobre negociados, apropiaciones ilícitas, enriquecimiento ilegal, privatizaciones y tantas otras operaciones comerciales y financieras que ocurrieron en las sombras y con el silencio cómplice de la gran prensa.
Con el inicio de los gobiernos civiles post dictadura, las Fuerzas Armadas mantuvieron su política de ocultar información, particularmente sobre las violaciones a los derechos humanos a los tribunales. El manto de impunidad sobre estos crímenes ha ayudado a consolidar estas prácticas. Así sucedió con el caso del ahora retirado general FACh Patricio Campos, quien ocultó y manipuló información que debía entregar a la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos para proteger a su esposa, una ex agente de los servicios de inteligencia. Algo parecido sucedió con el también retirado general Hernán Gabrielli, quien pese a ser reconocido por ex presos políticos negó su participación en las torturas contra Eugenio Ruiz-Tagle mientras era oficial en la base de Cerro Moreno.
El mismo Gabrielli también es investigado por su participación en irregularidades en la compra de material de guerra de las Fuerzas Armadas, en un caso similar al conocido como el "caso Mirage", donde la empresa fabricante de Bélgica pagó millonarias coimas a quienes participaron en las decisiones de compra, como el ex comandante en jefe de la FACh, general Ramón Vega.
La lista de irregularidades cometidas al interior del mando de la FACh es extensa y en todas ellas en algún momento hubo intentos de ocultamiento a través del recurrente "secreto militar".
