Distintas organizaciones sociales, partidos políticos, parlamentarios y organismos de derechos humanos han expresado su rechazo y preocupación por los ejercicios militares que se realizan en la base naval Fuerte Aguayo -en Concón, Quinta Región- que han sido financiados por Estados Unidos y en el que participan militares de distintos países de América Latina. La preocupación es doble: que haya vulneración a la soberanía o que las FFAA chilenas cumplan roles subordinados a las políticas definidas por EEUU.
El centro de entrenamientos instalado al interior de la base naval chilena es parte de un programa de capacitación militar de la ONU, en el que participan doce países latinoamericanos que han destinado efectivos y equipos a las fuerzas de paz del organismo internacional. Sin embargo, el rechazo a la iniciativa se ha originado porque el financiamiento de la operación proviene íntegramente de Estados Unidos -por un total de casi 500 mil dólares- y el hecho de que ni el Ministerio de Defensa, Cancillería o los mandos conjuntos de las Fuerzas Armadas hayan informado sobre estas operaciones ni a la ciudadanía ni al Parlamento. Peor aún, las imágenes distribuidas por la embajada de EEUU en Chile muestran simulacros de efectivos militares reprimiendo a población civil.
El centro de entrenamiento para "personal encargado de ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil en zonas urbanas", como fue definido por el Ministerio de Defensa, consta de una construcción de ocho edificios de material ligero distribuidos en unos 600 metros cuadrados, que simula una calle de una ciudad.
Una nota de la Armada de Chile dice que el jueves 5 de abril "fue inaugurado oficialmente el Centro de Entrenamiento para Cascos Azules en Chile, dependiente del Centro Conjunto para Operaciones de Paz en Chile -CECOPAC dependiente del Estado Mayor Conjunto, enmarcándose dentro de estrictos protocolos definidos por Naciones Unidas, organismo bajo el cual operan las Fuerzas de Paz multinacionales y de las cuales las Fuerzas Armadas de Chile participan, activamente, en conformidad con lo dispuesto por el Gobierno en materia de Cooperación Internacional".
En el mismo comunicado, la Armada descarta que en el lugar reciban entrenamiento funcionarios de Carabineros o de la PDI. Sin embargo, el senador Juan Pablo Letelier (PS) cuestionó que "el Ministerio de Defensa, en un recinto que tiene como propósito la formación de fuerzas de Paz Multinacionales, esté haciendo sin informar al congreso, a la oposición, con inversiones de un país extranjero, sin ninguna ley y sin consulta, daña gravemente lo que son los intereses permanentes de Chile".
En el mismo sentido, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) instó a que "el Presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, debe suspender estos cursos. No es tolerable que haya un entrenamiento a las Fuerzas Armadas para combatir a la población civil". El parlamentario comunista visitó las instalaciones del Fuerte Aguayo junto a los diputados Sergio Aguiló (MAIZ) y Rodrigo González, tras lo cual declaró que "la preocupación que me nace es que aquí lo que están haciendo es convertir al ciudadano en un enemigo, ya sea dentro de un conflicto armado de baja intensidad, conflicto armado entre países o dentro del contexto de una protesta social".
Colaboración con EEUU
La antigua colaboración entre Estados Unidos y Chile -que se expresa en tratados y acuerdos de ayuda militar, como el envío de tropas a entrenamiento en la Escuela de las Américas- parece haberse reforzado. En marzo recién pasado, en el Consejo Militar 2012 del Ejército participó Stephen Johnson, director del Área de Latinoamérica del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de EEUU. En ese encuentro, el comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, postuló la necesidad de un análisis "relacionado con los eventuales roles que podrían asumir las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular, dados los complejos y actuales escenarios que se generan en el ámbito de la seguridad, al momento de preservar los valores, intereses y bienes que la propia sociedad busca cautelar".
Y agregó que "podrían surgir nuevas responsabilidades que deberían estar claramente identificadas, comprendidas e implementadas por el Ejército". Ello, haciendo alusión a responsabilidades relacionadas con situaciones de catástrofe "o frente a las llamadas nuevas amenazas", según publicó la propia rama castrense.
