El hecho criminal que coincidió con la quema de pastizales y algunas construcciones menores, hizo que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, decidiera viajar a Temuco a interponer dos querellas, momento que aprovechó para amenazar con la aplicación de las leyes antiterroristas. Ante un grupo de empresarios agrícolas que pedían iniciar una "cacería", el ministro del Interior solicitó mayor confianza en el accionar de las policías, casi al mismo tiempo que se anunciaba el arresto de un comunero mapuche por tenencia de armas.
A los empresarios agrícolas Chadwick dijo: "Les pido que confíen en la acción que llevamos a cabo, algo de mucho tiempo. Enfrentamos a un adversario preparado, que se aprovecha de las circunstancias de la zona, que actúa encapuchado, y se hace difícil prevenir esas acciones", para enseguida añadir que "sabemos que enfrentamos un enemigo poderoso, que goza de apoyo político, comunicacional e internacional".
Dirigentes sociales de la zona, así como parlamentarios, calificaron las declaraciones de Chadwick como "imprudentes". Fernando Lira, presidente de la Agrupación para la Libertad y Defensa de los Derechos Humanos dijo que "hay otros grupos, con otros intereses, (y son) los que cometen los atentados", al solicitar una investigación a fondo de los hechos criminales, particularmente el asesinato de Osvaldo Zapata a manos de cuatro encapuchados. El dirigente de la organización de derechos humanos recordó que en la Araucanía "el conflicto tiene que ver con el precio de las tierras, y las negociaciones que la Conadi hace con los latifundistas, quienes se ven beneficiados con precios más altos por los terrenos. Esto es algo que no ha sido investigado cabalmente".
En tanto la Coordinadora Arauco-Malleco negó que integrantes de esa organización hayan participado en el asalto y asesinato de Osvaldo Zapata. "Nos debemos a una ética política del weichan, o de lucha, por consecuencia no tenemos una línea de confrontación indiscriminada contra parceleros y campesinos, estamos categóricamente en contra de eso. No atacamos a los más débiles aunque estén en territorio mapuche", indicó la CAM a través de un comunicado, en el que además identifica como sus enemigas a las "empresas forestales (Mininco, Volterra, etc.) y sus expresiones de inversión y usurpación". El campesinado chileno, dice la organización mapuche, no es ni será un objetivo para la CAM. "Es más, los consideramos un sector también oprimido por el sistema político económico imperante, por tanto tenemos un enemigo en común".
En este contexto de tensión, los dirigentes mapuche Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo continúan con su huelga de hambre y ya completaron más de 40 días en demanda de rebajas a sus penas. Para el jueves 27 de diciembre, organizaciones mapuche y de defensa de los derechos humanos convocaron a una movilización nacional para demandar las rebajas en las penas de los comuneros condenados por leyes antiterroristas que van entre 20 y 25 años de prisión.
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