El abogado querellante, Eduardo Contreras explicó que "este es un hecho inédito en la historia de Chile, es un acto necesario, es un acto de elemental justicia, ningún abogado puede estar tranquilo con su conciencia si no inicia las acciones penales que corresponden y a petición de los familiares de las víctimas.
Según el jurista, la demanda tiene como objetivo esclarecer las causas del golpe militar. "Porque el golpe en sí es un delito, porque hubo sublevación, hubo rebelión, hay delitos juzgados por el código de justicia militar, hay ilícitos penales por los cuales deben responder no solo los militares, también los civiles responsables y autores del golpe", dijo.
Contreras, quien interpuso la querella ante la Corte de Apelaciones de Santiago acompañado de dirigentes de organizaciones de derechos humanos, consideró que no se puede cerrar este capítulo de la historia de Chile, "sin que esos señores, que son los que desataron los perros y soltaron las riendas a las bestias para que asesinaran, vivan sus vidas tan tranquilos".
"Dónde están los dirigentes políticos de la derecha, dónde están los que se conjuraron, los que recibieron dinero de la CIA de Estados Unidos para dar el golpe, hay algunos que son diputados, viceministros", dijo el abogado al presentar la demanda.
Contreras insistió en que los responsables no son sólo los que asesinaron, sino también los que prepararon las condiciones para dar el golpe, a quienes calificó de principales responsables.
"Tengo confianza en los tribunales chilenos, hay una experiencia desde el año 1998, creo que se van a investigar los delitos, que va a haber procesamientos y espero que haya condenas", dijo el jurista, quien además es querellante en varias causas contra el fallecido dictador Augusto Pinochet y otros militares.
En caso de que sean llevados al banquillo de los acusados los responsables, las penas pueden ser desde cinco años hasta 20 años de prisión.
La querella fue presentada a nombre de Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; y Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
"El golpe en sí mismo y los ilícitos penales cometidos el propio 11 de septiembre de 1973 constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles de acuerdo a los Tratados Internacionales suscritos por Chile que gozan de rango constitucional y de acuerdo además con la propia Jurisprudencia de nuestros tribunales y en especial de nuestra Excma. Corte Suprema en fallos reiterados", señala la demanda.
El documento explica que será el tribunal quien resolverá la responsabilidad que a cada quien corresponda, aunque apunta directamente a los a los altos mandos de esa época de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo de Carabineros y del Servicio de Investigaciones, así como a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Chile.
Además, subraya los casos de dirigentes políticos de la oposición al Gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, cuya inmensa mayoría siguen su vida a la fecha en la mayor impunidad e incluso algunos ocupando cargos de responsabilidad en el aparato del Estado.
Ver texto completo de la querella
