El ministro en visita Alejandro Solís procesó a trece ex agentes de la DINA, entre ellos a su ex director, general (R) Manuel Contreras, y el coronel (R) Marcelo Moren Brito.
Juez Alejandro Solís
Los ex agentes, según la resolución del juez Alejandro Solís, están imputados como autores de homicidios y secuestros calificados (desapariciones) de una veintena de militantes de izquierda que resistían a la dictadura en los primeros meses de 1975.
La resolución incluye entre los procesados, además del general Contreras, a varios de sus más cercanos colaboradores en el organismo represivo.
Todos los procesados se encuentran actualmente en prisión, cumpliendo condenas por otros casos de violaciones a los derechos humanos, que en el caso de Contreras suman más de 270 años de cárcel.
Entre los imputados figuran los brigadieres (R) Miguel Krassnoff Martchencko y Pedro Espinoza Bravo y el coronel Moren Brito, que fue el jefe del campo de torturas de "Villa Grimaldi" donde fueron llevadas las víctimas. El caso se enmarca en la represión desatada por la dictadura contra el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
En el transcurso de 1975, los nombres de las víctimas, en su mayoría eran jóvenes, figuraron en la lista de 119 nombres de la llamada "Operación Colombo".
Ex director de la Dina, Manuel Contreras
La mencionada operación fue gestada por la DINA para encubrir la desaparición de 119 personas secuestradas por el organismo, con el argumento de que habían muerto en purgas internas del MIR y cuya falsedad la justicia ha ido esclareciendo.
En una de sus últimas entrevistas, el juez Solís sostuvo que el fallecido general Augusto Pinochet conocía los delitos que cometía la DINA.
Según el juez, el general Manuel Contreras ha declarado en varias ocasiones que tenía contacto directo con Pinochet y que a diario recibía órdenes del dictador que eran ejecutadas por la DINA.
"No se puede menos que presumir que había un contacto directo y un conocimiento exacto de Augusto Pinochet sobre los delitos que se estaban cometiendo", indicó el magistrado. Alejandro Solís abandonó su puesto en el Poder Judicial, donde ejerció desde 2002 como juez especial de la Corte Suprema para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1990). El juez encabezó 90 procesos judiciales, de los que 44 culminaron con un fallo condenatorio
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