A raíz del doble crimen ocurrido en Vilcún organizaciones de derechos humanos, voceros del pueblo mapuche y prácticamente todos los actores sociales y políticos se han pronunciado condenando los asesinatos que ni sus propios responsables han reivindicado y que han servido de justificación para intensificar;la represión, y exacerbar el racismo y la discriminación.
Lamentablementenunca se ha visto tal unanimidad cuando las víctimas son mapuche o cuando los derechos de todo un pueblo son violentados de manera cotidiana. Bajo la excusa de la "defensa de la nación", empresarios agrícolas, parlamentarios de derecha e incluso sectores del gobierno exigen imponer el estado de sitio en la zona; pero en los hechos ya existe un verdadero "estado de excepción" y no sólo en los territorios ocupados, ahora cercados por las fuerzas policiales que, contrariamente a las declaraciones del ejecutivo, sí reprimen y persiguen al pueblo mapuche en particular, a;quienes luchan por sus derechos violentados desde hace siglos y son por ello criminalizados. Así el "estado de derecho" existe solo para algunos.
El respaldo del gobierno a las protestas de transportistas -que bloquearon caminos sin ser siquiera interpelados por la policía- ha puesto de manifiesto el doble estándar que desde el Estado y la clase empresarial se aplica a las protestas, dando cuenta de lo que desgraciadamente amplios sectores de la sociedad chilena terminan aceptando como violencia "legítima" -la del Estado y de los propietarios, que ha permitido durante siglos la usurpación de tierras mapuches. Violencia "legitima" para reprimir a los estudiantes que denuncian ilegalidades como el lucro de las universidades, a los pobladores de Freirina, etc. etc... Frente a ésta, cualquier acto de violencia o incluso cualquier acto de resistencia popular, es calificado como violencia "ilegítima" y "terrorista".
Pero ¿quién decide cuál es la violencia legítima y cuál no? El problema no se resuelve condenando el uso de la fuerza "venga de donde venga", el problema es quién define la legitimidad de ese uso y en virtud de qué autoridad, derecho o representación lo hace. Así, contrariamente a lo que se afirma, no es desde la ley que se define la violencia legítima sino desde la política.
El origen del conflicto actual no es la violencia reciente sino la violencia histórica del despojo y el aniquilamiento perpetrado por el Estado chileno. La crisis que se vive en estos días no se resolverá con más represión porque esa ha sido la constante durante más de cien años de ocupación del territorio mapuche. La mantención de este estado de cosas solo profundizará la injusticia y la violencia.
Toda solución al conflicto pasa por el término inmediato a la ocupación de los territorios mapuche y por la búsqueda de salidas políticas que abran paso a la justicia y pongan fin a la impunidad, sobre la base del respeto al pueblo mapuche, el reconocimiento de su autonomía y de su derecho a la autodeterminación.
Londres 38, espacio de memorias
Santiago, enero de 2013
