El próximo 5 de marzo, el Tribunal Oral Federal de Buenos Aires comenzará a juzgar al genocida y ex dictador Jorge Rafael Videla y a los ex mandos militares Albano Harguindeguy (fallecido), Santiago Omar Riveros, así como a otros quince imputados en las causas conocidas como "Plan Cóndor I y II" y "Orletti II".
En la primera causa se investiga el secuestro y desaparición de 108 víctimas del operativo represivo coordinado entre las dictaduras militares de América Latina denominado "Plan Cóndor", en el que participaron para eliminar opositores los regímenes de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La coordinación represiva -que partió en Santiago por el entonces jefe de la DINA, Manuel Contreras- consistió en el intercambio de informaciones y traslados de prisioneros entre los países, así como en operaciones de "guerra sicológica", como la conocida Operación Colombo.
El juicio argentino, previsto para inicios de marzo, indagará con mayor profundidad, entre otras aristas, la coordinación de la represión chilena y argentina que facilitó los inicios de la Operación Colombo, destinada a ocultar los crímenes de 119 personas que fueron secuestradas y asesinadas en Chile. El montaje comunicacional pretendía hacer creer que los militantes de izquierda se estaban matando entre ellos en Argentina y otros países de América Latina.
Para dar sustento al montaje, la DINA hizo llegar a los organismos represivos argentinos la documentación de los desaparecidos chilenos. El 12 de julio de 1975, la prensa chilena informó que en las afueras de Buenos Aires, en el interior de un automóvil, se habían encontrado dos cuerpos semicalcinados y acribillados, sobre los cuales había un lienzo que decía "Dados de baja por el MIR".
Los documentos que se encontraron entre los restos, supuestamente correspondían a Jaime Eugenio Robotham y a Luis Alberto Guendelman Wisniak, también detenido desaparecido en Chile. Las investigaciones posteriores demostraron la falsedad de la operación y el montaje.
Esta es una de las aristas que verán los tribunales argentinos a partir de marzo. También se agrega la causa Orletti II, denominada así por el centro clandestino de detención y torturas que funcionó en un taller mecánico en el barrio de Floresta y cuyo único imputado es Miguel Angel Furci por los casos de 67 víctimas. Esta causa es continuación del juicio "Orletti I" que en 2011 condenó a tres oficiales de la represión.
En el sur, en tanto, en Rawson, capital de Chubut, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia comenzará el 5 de marzo el juicio por la muerte del militante y abogado Mario Abel Amaya.
La dictadura argentina dejó unos 30.000 desaparecidos. Decenas de juicios se llevaron a cabo en Argentina desde la anulación de las leyes de amnistía en 2003, con unos 300 condenados, mientras que en la actualidad hay una quincena de procesos en marcha. A fines de 2012 la justicia argentina inició el juicio por los llamados "Vuelos de la muerte".