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La justicia sigue pendiente frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas en Colonia Dignidad

La Corte Suprema emitió -el pasado 28 de enero- un veredicto final en las causas relacionadas con los abusos a niños cometidos al interior de Colonia Dignidad. El máximo tribunal condenó a penas de cárcel a seis dirigentes del enclave y a otros 10 a libertad vigilada. Esta condena es un acto de justicia y de reparación hacia las víctimas y merece pleno respaldo, pero aún es parcial toda vez que otros responsables lograron evadir a la justicia y además algunas penas son benignas. No obstante, la entidad alemana y sus directivos todavía tienen cuentas pendientes con la justicia y con la sociedad chilena, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas y que todavía permanecen impunes.

Publicado el 04 de febrero de 2013

La justicia debe esclarecer lo ocurrido en este enclave y castigar los culpables, para la reparación no solo de los familiares de las víctimas sino de toda la sociedad. Mientras no lo haga, el capítulo seguirá abierto en la historia judicial chilena.

Colonia Dignidad estableció relaciones de colaboración, complicidad y apoyo mutuo con la DINA y personeros de la dictadura. Estos vínculos fueron funcionales al sistema represivo y al enriquecimiento de los jefes de la Colonia sustentado en el dominio y explotación de los colonos. Su participación en la represión dictatorial fue sistémica, formando parte de la red de recintos clandestinos diseñada por la DINA, donde se torturaba, asesinaba y hacía desaparecer a los opositores. Para un número significativo de ellos, aproximadamente un centenar, fue la estación terminal, el lugar donde se perdieron sus huellas y donde presumiblemente se encuentren sus huellas. Tal son los casos de Juan Maino Canales, de Antonio Elizondo Ormaechea y de su esposa, Elizabeth Rekas Urra, detenidos en mayo de 1976 en Villa Grimaldi y trasladados posteriormente al recinto de Parral desde donde desaparecieron. Y el de Álvaro Vallejos Villagra, de quien hay testimonios de su permanencia en la Colonia Dignidad luego de ser trasladado desde Londres 38.

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La justicia chilena debe seguir investigando estos crímenes y el Estado debe hacerse cargo de proveer los medios y recursos para continuar las indagaciones al interior del predio, donde hay pruebas de la existencia de al menos una decena de fosas en las que hubo cuerpos que luego fueron removidos. Del mismo modo, es imprescindible que se conozca públicamente la información contenida en los archivos de la Colonia Dignidad, incautados hace siete años y que permanecen como "secretos".

 Consideramos además que la demanda de justicia y reparación en este caso también debe dirigirse al Estado alemán, cuyas autoridades difícilmente pueden esgrimir desconocimiento sobre estos crímenes, eludiendo la responsabilidad que les cabe frente ellos y ante Hartmut Hopp y otros jerarcas del reducto que lograron huir hacia ese país. Alemania debe ponerlos a disposición de la justicia chilena o en su defecto someterlos a juicio y castigarlos efectivamente.

La Villa Baviera debe ser declarada un sitio de memoria. Sus víctimas deben ser identificadas y recordadas en un memorial, los victimarios señalados como tales y el espacio debe ser abierto a la ciudadanía, invitándola permanentemente a la reflexión y a comprometerse en la construcción del "nunca más".

Londres 38, espacio de memorias
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi


Santiago, 31 de enero de 2013