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Gobierno debe frenar licitación de sitio de memoria en Punta Arenas

En los últimos días se ha conocido la decisión del Ministerio de Bienes Nacionales de llamar a una licitación pública para concesionar por 20 años la Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas a cualquier privado. El argumento esgrimido por parte de la autoridad ministerial, afirma que las organizaciones de derechos humanos no tienen un proyecto viable para este sitio de memoria.

Publicado el 03 de febrero de 2013

La Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas es un testimonio más, como ex centro de prisión y tortura, de las políticas de terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos que se aplicaron en Chile durante la dictadura militar. En particular, da cuenta de que la represión operó hasta en los lugares más remotos y australes del país, afectando por tanto también a toda la comunidad de la región de Magallanes.

En Santiago, Londres 38, espacio de memorias funciona en el mismo inmueble que fuera utilizado por la DINA durante 1973 y 1974 como centro clandestino de tortura y exterminio. Después de un proceso de muchos años de lucha fue recuperado por las organizaciones de derechos humanos. Estas defendieron el derecho a la memoria de Londres 38, como un espacio no sólo testimonial de lo ocurrido en dictadura, sino también como un proyecto colectivo y participativo de memoria para la acción, y para la promoción y ejercicio de los derechos humanos en el presente.

La recuperación y uso por parte de la comunidad de los sitios de memoria está relacionada con el deber del Estado de garantizar el derecho a la memoria. Por lo tanto, las personas y colectivos más indicados para su continuidad y proyección son las personas comprometidas políticamente con los temas que cruzan a estos espacios: la defensa, promoción y ejercicio de los derechos humanos y la memoria; es decir, las mismas organizaciones sociales y de derechos humanos que han trabajado por su visibilidad y recuperación en estos 40 años.

Londres 38, espacio de memorias, respalda el trabajo de las organizaciones de derechos humanos de Magallanes y rechaza el intento de entregar en licitación este inmueble a otras entidades, privadas o públicas, que no sean las propias organizaciones que han luchado por su recuperación. Así mismo, realizamos un llamado a las autoridades locales, regionales y nacionales a constituir una mesa de trabajo en conjunto las organizaciones de derechos humanos y otros actores de la comunidad para definir de manera conjunta y participativa los lineamientos y proyecciones de este sitio de memoria, a fin de elaborar un proyecto de gestión que además sea financiado por el Estado, de acuerdo a su deber y compromiso de garantizar el derecho a la memoria y de promover el respeto y ejercicio de los derechos humanos.

Londres 38, espacio de memorias
Santiago, 31 de enero de 2013