"Justicia, verdad, no a la impunidad" era la consigna que repetían los acompañantes del féretro, cuando despidieron a Jiménez, en el cementerio El Prado, en la comuna de La Florida. Juan Pablo Jiménez fue encontrado muerto en su puesto de trabajo con un impacto de bala en la cabeza, cuando ya había terminado su jornada laboral, donde era presidente del sindicato N° 1 de la empresa de ingeniería eléctrica Azeta -subcontratista de Chilectra y encargada de reponer la electricidad después de los cortes- y también presidía la Federación de Trabajadores de ésta.
Una fuerte reacción de distintos sectores de trabajadores y sindicales se produjo luego que la policía, antes de 24 horas de ocurrida la muerte del líder sindical, informara que el deceso se había producido por una "bala perdida". La información fue entregada por el comisario Francisco Orellana, de la Brigada de Homicidios de la PDI, quien indicó que de acuerdo a sus antecedentes, Jiménez habría sido víctima de una "bala perdida", y se estarían realizando las investigaciones para establecer el o los responsables de ésta.
La idea de que una "bala perdida" originada en disparos producidos en La Legua, población vecina a la empresa Azeta, generó suspicacias, al punto que el presidente del Senado demandó el nombramiento de un Fiscal exclusivo que se aboque a la investigación del crimen. La tesis policial también indujo al silencio del gobierno, que no condenó el asesinato con la misma celeridad con que actúa en otros casos, además del hermetismo de los sectores empresariales.
Juan Pablo Jiménez fue visto con vida por última vez por sus compañeros a eso de las 15:30 horas del jueves 21 de febrero y luego encontrado muerto en el patio de la empresa.. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, calificó la muerte de Jiménez como de "tremenda gravedad" y enfatizó la necesidad de "hacer una investigación con todos los elementos para poder dar cuenta de qué fue lo que ocurrió". Figueroa informó que la CUT está planificando "una serie de acciones" con dirigentes del sindicato de la empresa Azeta, contratista de Chilectra, y con la familia de Jiménez.
Jiménez había concluido un período conflictivo de negociación colectiva con la empresa y había interpuesto demandas por abuso laboral y por falta de seguridad en diversas oportunidades.
El gerente de la empresa Azeta, Daniel Belmar, dijo que está dispuesto a colaborar con la investigación. El ministro (s) del Trabajo, Bruno Baranda, lamentó la muerte de Jiménez y dijo que "estamos profundamente preocupados como ministerio. Enviamos nuestras condolencias a la familia en este momento difícil".
En tanto, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile emitió un comunicado en el que piden "verdad y justicia" sobre la muerte de Jiménez. "Los hechos ocurridos no pueden quedar impunes, no puede ser que "una bala loca" ande matando a trabajadores así como así, debe existir una investigación profunda y una condena a los culpables de este horroroso asesinato. Por esto, como organización hacemos un llamado a no desviar la atención de esta noticia, hagámonos responsables de romper el cerco comunicacional al que nos enfrentamos", dice el comunicado.
