De hecho el proyecto fue declarado inconstitucional menos de 24 horas después de su presentación en el Congreso. La comisión especializada de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto con los votos de la oposición. El diputado René Saffirio (DC), integrante de la comisión, dijo que "afortunadamente la comisión que integro acogió nuestra petición y declaró, con los votos en contra de los diputados de la UDI y RN, que el cuestionado proyecto es inconstitucional, lo que deberá ahora informarse a la Sala de la Cámara para su pronunciamiento". El parlamentario explicó que entre los fundamentos de quienes solicitaron y defendieron la inconstitucionalidad de la iniciativa, "se encuentran los tratados internacionales suscritos por Chile, donde este tipo de amnistía y leyes de punto final no tienen espacio; tratados que deben respetarse tal como lo establece nuestra Constitución".
Justicia no impunidadPresentado por los diputados Mario Bertolino (RN) y Jorge Ulloa (UDI), el proyecto fue ingresado el pasado martes 4 de junio bajo el título "Fortalece la justicia, equidad e igualdad penal y procesal para todas las personas procesados o condenados por hechos acontecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990". Se trata de un documento que busca, en esencia, eliminar la responsabilidad penal de los ex represores acusados de crímenes de lesa humanidad, incluso pasando por alto los compromisos internacionales suscritos por el Estado de Chile.
En el documento, los parlamentarios de derecha plantean la necesidad de la aprobación de esta iniciativa con el argumento de que "hoy en Chile, a un grupo de personas, sistemáticamente se les vulnera las garantías de un justo y debido proceso, siendo estas el personal civil y militar, activo o en retiro de las fuerzas armadas y de orden procesados o condenados por hechos acontecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990". Y continúa: "A ya casi 40 años del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, en el ejercicio legítimo de la función legislativa, presentamos éste proyecto, que permita el restablecimiento de las garantías para aquellos que enfrentan un proceso o que ya cumplen condena" (1).
En Chile -según cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales- hay menos de 70 ex agentes sentenciados por crímenes y violaciones a los derechos humanos que cumplen condenas de prisión efectiva, mientras otros 800 represores están encausados en calidad de procesados, imputados o condenados por su participación en crímenes de la dictadura, pero solo un tercio de ellos tiene al menos una condena definitiva en su contra. El trasfondo de estas cifras es que por los más de 3.000 crímenes que fueron cometidos durante la dictadura, hay solo unas 1.300 causas activas en los tribunales, en su inmensa mayoría relacionadas a desaparición forzada de personas y ejecuciones. Solo hay 30 causas en tribunales por torturas (2).
La iniciativa de los diputados RN y UDI se produce unas semanas después de una reunión privada que tuvo el ex ministro y ahora candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, con militares retirados en Concepción, similar a otra que sostuvo en Valparaíso. No está claro si en estas reuniones el candidato asumió nuevos compromisos con los militares retirados, tal como lo hizo Sebastián Piñera el 2009, cuando se comprometió a "revisar" las causas en contra los ex uniformados.
El diputado Bertolino explicó que el proyecto "tiene que ver con un tema humanitario de personas que si bien participaron, tienen responsabilidades acotadas por eso se eligió el máximo de 15 años, ellos no están quedando sin cumplir la condena". Mientras el UDI Jorge Ulloa añadió que "este proyecto busca entregar igualdad de justicia a todos. Ustedes han sido testigos de las permanentes críticas a la falta del debido proceso que ha existido. Hay que recordar que hay gente que ha sido condenada no por hechos, sino por supuestos. Tampoco se ha respetado la prescripción, que es un instrumento legal que existe".
Inmoral
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), a través de su presidenta Lorena Pizarro califico la iniciativa como "inmoral", ya que "es un proyecto que busca la impunidad para los pocos condenados por delitos de lesa humanidad". La iniciativa legal, agregó Pizarro, busca amparar el genocidio y a los violadores de los derechos humanos y puntualizó que "la derecha está sacándose la careta".
En tanto, la abogada de derechos humanos, Carmen Hertz, dijo que "los fundamentos de este proyectos son un copy paste de los escritos que en tribunales presenta la defensa de los procesados por crímenes de exterminio. Es un proyecto que pretende la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y que no tiene destino alguno porque pondría en entredicho las obligaciones internacionales del Estado de Chile".
De otra parte, la Mesa de Londres 38, espacio de memorias, consideró que el proyecto de ley es solo una maniobra electoral que busca asegurar la adhesión de un reducido sector de militares en retiro, pero que no tiene viabilidad legislativa y menos aprobación social. Sin embargo la iniciativa deja al descubierto que, a casi 40 años de los primeros crímenes, persiste el empeño por parte de la derecha de imponer la impunidad.
(1) Proyecto de ley completo
(2) Más cifras sobre los procesos judiciales
