Los pedazos de metal, hallados a unos 870 kilómetros al norte de Santiago, fueron subidos hace unos días a la superficie, desde el fondo marino y su hallazgo fue posible gracias a que un militar que participó en esas acciones confesó antes de morir, indicó el periodista Jorge Escalante, autor de la información.
Hasta ahora, la identidad del militar se mantiene en reserva y los rieles, "menos de cinco", según dijeron las fuentes, se encuentran en el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), en Santiago, donde serán analizados para determinar si mantienen adheridos algunos elementos. La búsqueda se mantiene en el área del hallazgo, por la posibilidad de que haya más piezas similares.
La diligencia se cumplió en el marco del juicio por los episodios de la llamada Caravana de la Muerte, a cargo de la jueza especial Patricia González, referido a una comitiva militar que a fines de 1973 recorrió Chile y dejó a su paso cerca de un centenar de presos políticos ejecutados en diversas ciudades. La comitiva era encabezada por el general Sergio Arellano Stark, quien actuaba como "oficial delegado" del general Pinochet.
El hallazgo se mantenía bajo secreto, lo que ha disgustado a organismos y abogados de derechos humanos, que lo consideran importante por cumplirse 40 años desde el golpe de Estado.
En ese marco, expertos consultados dijeron que, a menos que el militar fallecido haya confesado nombres, resulta "imposible" intentar siquiera aproximarse a la identidad de quienes fueron lanzados al mar atados a esos rieles.
Recordaron dos episodios ocurridos a fines de 1973 que podrían tener vinculación con el hallazgo. El primero se refiere a 26 cadáveres desenterrados en 1976 en el desierto de Atacama, correspondientes a prisioneros asesinados en octubre de 1973 durante el paso de la llamada Caravana de la Muerte, en la ciudad de Calama.
Esos cadáveres fueron arrojados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea, según admitió judicialmente el mecánico de esa institución Sergio López Maldonado, quien lanzó los cuerpos. Pero López no dijo en qué parte de la costa del norte fueron tirados los cadáveres.
El segundo episodio se relaciona con tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en octubre de 1973 en la ciudad de Copiapó, a 75 kilómetros al sureste de Caldera, también a manos de la Caravana de la Muerte. Las víctimas fueron el gerente general de la Compañía de Cobre Salvador, Ricardo García Posadas, y los dirigentes sindicales de esa empresa Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia, cuyos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Copiapó, pero rápidamente desaparecieron del lugar.
