La primera conclusión que deja este episodio es que la ausencia de responsabilidad penal no exime de la responsabilidad ética y política a quienes, desde las filas de las fuerzas armadas o del gobierno, supieron de los crímenes y mintieron, o simplemente callaron.
Se argumenta que "no sabían", que nunca supieron. No conocieron las denuncias permanentes de los familiares de las víctimas ni de la prensa opositora. Tampoco se enteraron de los numerosos requerimientos de información desde el poder judicial y las instancias internacionales de derechos humanos. Nunca se preguntaron qué estaba pasando. "Hasta esa fecha (1998) jamás supe de antecedente alguno que me hiciera dudar de la versión oficial" ha dicho el general Cheyre. Explicación similar han dado otras autoridades, e incluso, algunos de los procesados por crímenes de lesa humanidad. No sabían. Muchos todavía "no saben". Pero el país sí sabe que mienten.
Episodio CheyreLa mentira que hay en esta apelación a la propia ignorancia no debe ser entendida solo como un recurso de defensa personal de aquellos que como Cheyre pretenden ser las víctimas incomprendidas de quienes demandan verdad y justicia. "Bullyng político" le ha llamado el diario de derecha El Mercurio. En estos casos, la mentira, al igual que el secreto, no son respuestas individuales sino componentes de un sistema de encubrimiento construido en dictadura, desde el Estado, y -lo que es aún más grave- preservado casi intacto en democracia.
Este sistema fue implementado por una vasta red de organismos de inteligencia, policiales, de las fuerzas armadas y del poder ejecutivo, que dispusieron de gran cantidad de recursos materiales y financieros, personal y elementos técnicos provistos por el Estado para la eliminación de toda oposición política y social. También contaron para esta tarea con el silencio cómplice de los medios de comunicación, la obsecuencia del poder judicial, y la indiferencia de muchos.
Así, y mediante un verdadero pacto de silencio, pensaban garantizar la impunidad y eximir de toda responsabilidad penal, ética y política a quienes concibieron y ejecutaron los crímenes, a quienes ocultaron los cuerpos de los desaparecidos, a quienes encubrieron, y también a quienes, sabiendo lo que sucedía, callaron.
La mentira y el secreto tenían, y aún siguen teniendo, una racionalidad política. Hoy, también son funcionales a los consensos construidos por quienes han gobernado Chile y han dado continuidad a las herencias de la dictadura. Entre muchos otros "acuerdos" está, justamente, la designación de Cheyre al Servicio Electoral por la casi unanimidad de los miembros del Senado. Sin mentira y sin secreto ¿habrían sido posibles estos consensos? En medio de un verdadero debate y del escrutinio público de las autoridades y sus acciones, esta política que conocemos ¿habría podido mantenerse durante más de veinte años?
En este escenario, y ad portas de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, hay quienes recién reconocen que la dictadura "fue una dictadura", en tanto diversos actores y autoridades políticas han puesto el énfasis en la voluntad de no repetición, a través de la reafirmación del Nunca más y de la reconciliación como objetivo nacional. Quienes promueven estas políticas no asumen la profunda división de la sociedad chilena producto de la extrema desigualdad social, las limitaciones del régimen político, la impunidad y la criminalización de la movilización social, entre otros factores.
Por ello no basta con la renuncia de Cheyre a la presidencia del Servicio Electoral, ni a su condición de miembro de su consejo directivo,la que ha decidido mantener a toda costa en un gesto que hace aún más vergonzosa su conducta. Para que esta voluntad de no repetición tenga credibilidad, ella debería expresarse en acciones concretas, comenzando por el desmontaje del sistema de encubrimiento de los crímenes basado en el secreto y la mentira, que aún persiste en nuestro país.
Medidas que fueran en esa dirección podrían contribuir a hacer realidad la demanda histórica de verdad y justicia plenas respecto de los crímenes y violaciones a los derechos humanos, en particular respecto de los 1.248 detenidos y detenidas desaparecidas, sobre cuyo destino poseen información precisa los agentes del estado, civiles y militares que ordenaron, participaron o encubrieron estos actos. Además de los antecedentes que existen en los archivos en poder de diversos órganos del Estado, cuya existencia o acceso se ha negado sistemáticamente.
No hacerlo, después de 40 años del golpe de estado y más de 20 desde el término de la dictadura, es mantener la actitud cómplice que ha hecho posible la impunidad. Y lo que es igualmente grave: abre paso a la impunidad de los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el presente, naturalizando la represión y la actual criminalización de las luchas sociales y políticas.
Para hacer efectivo y creíble el compromiso con el Nunca más, las autoridades políticas y las fuerzas armadas y de orden deberían exigir a los miembros de sus filas que fueron parte de la represión, que rompan el pacto de silencio, colaboren con la justicia y digan lo que saben en torno al destino y paradero de los detenidos desaparecidos.
Asimismo, quienes postulan a los más altos cargos políticos en las próximas elecciones no deberían permanecer indiferentes y deberían igualmente pronunciarse y respaldar esta exigencia a los que saben.
Londres 38, espacio de memorias
Agosto de 2013, Semana Internacional del Detenido Desaparecido
