Ismael Darío Chávez Lobos tenía 22 años al momento de su secuestro, ocurrido el 26 de julio de 1974, cuando militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El estudiante universitario fue sacado de su casa por tres agentes de la DINA que luego lo trasladaron a Londres 38.
La acción judicial fue interpuesta en favor de 119 personas, en su mayoría jóvenes -diez de ellos eran menores de edad- e incluida una mujer embarazada, detenidas por agentes de la DINA y cuyo paradero es desconocido hasta ahora. Se trata de un caso investigado en la justicia chilena bajo el rótulo de "Operación Colombo", un montaje destinado a ocultar estas desapariciones y que incluyó la publicación de dos listas con sus nombres en medios extranjeros, O´Día en Brasil y Lea en Argentina, donde se informaba del hallazgo de cuerpos de "guerrilleros" chilenos en Argentina y en otros países, producto de supuestas purgas internas y enfrentamientos con la policía. Las falsas informaciones generadas por la DINA en complicidad con organismos de inteligencia de Argentina y Brasil fueron ampliamente reproducidas por medios chilenos.
El vespertino La Segunda -del consorcio Mercurio S.A.P.- publicó la noticia en Chile, con un titular que viola toda ética y entregando información que sabía falsa: "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina". Luego las mismas informaciones falsas fueron reproducidas por Las Últimas Noticias y el propio El Mercurio, haciéndose cómplice de estos asesinatos.
Por eso, entre otros motivos que argumenta, la querella sindica a Edwards como "autor intelectual-mediato, en su condición de colaborador directo de la represión iniciada por agentes del Estado al servicio de la Junta Militar, a partir del 11 de septiembre de 1973, del delito de homicidio calificado de las personas que pasamos a enunciar", entregando la lista de estos 119 chileno/as ultimado/as, con fecha de desaparición, militancia, edad y actividad.
El dueño de la cadena de periódicos más poderosa de Chile también está incluido en la investigación de la querella interpuesta por el abogado Eduardo Contreras, que busca sanciones penales contra los civiles que participaron en la organización del golpe de Estado de 1973, así como en el encubrimiento de la represión posterior.
