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Demandan apertura de los archivos de la represión

En la oficina de partes de La Moneda fue ingresada una carta al Presidente de la República, Sebastián Piñera, con la adhesión de una veintena de organizaciones sociales y de derechos humanos y la firma de más de 1.500 personas, que demandan el libre acceso a un conjunto de documentos que contienen información sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.

Publicado el 17 de enero de 2014
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La iniciativa de Londres 38, espacio de memorias, coloca un énfasis en tres conjuntos de archivos, explica la carta al gobernante, y que están en poder del Estado con severas restricciones de uso o con prohibición de acceso. Tales son los casos de los documentos y testimonios recopilados por las comisiones Rettig y Valech; los documentos y fichas incautadas en la ex Colonia Dignidad hace ocho años; y los archivos generados por organismos de inteligencia y policiales durante la represión bajo la dictadura.

"A 40 años del golpe de Estado y 20 de los gobiernos sucesivos electos, no se justifica mantener documentación reservada que resulta indispensable para seguir avanzando en verdad y justicia, frente a las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidas por agentes del Estado", dice la carta entregada en La Moneda por las organizaciones de derechos humanos que fueron acompañadas por medio centenar de personas y dirigentes estudiantiles como Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECh; Naschla Aburman, presidenta de la FEUC; Andrés Feilbaum, ex presidente de la FECH; Alicia Lira, presidenta de Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, entre otros.

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La misiva de la que fue portadora Erika Hennings, integrante de Londres 38, espacio de memorias, recuerda que "el Estado tiene la obligación de cautelar el derecho al libre acceso a la información que está en los organismos públicos, así como los medios para avanzar en más verdad y justicia. Si distintas normas y disposiciones dictadas en dictadura, y también en democracia, han impedido el acceso, ahora se trata de revertir ese proceso generando las condiciones para garantizar el más amplio acceso a la información pública que pertenece a todos los chilenos y chilenas".

Paulina Bravo, encargada del Área de Archivos del sitio de memorias Londres 38, explicó que "con estas acciones queremos crear conciencia y que se avance hacia una apertura de estos documentos. Esperamos que el gobierno de Piñera o el que le suceda se pronuncie sobre los archivos de las comisiones Rettig o Valech, pues necesitan solo una modificación legal simple para que sean accesibles".

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En cuanto a los archivos generados por los organismos represores y de inteligencia, que en múltiples ocasione se ha señalado que fueron destruidos, Gloria Elgueta -también de Londres 38, espacio de memorias- , dijo que "si ese fuera el caso, exigimos se informe y se entreguen todas las pruebas de quiénes, cuándo y de qué modo los destruyeron, porque nosotros tenemos antecedentes de que ellos sí existen. Sabemos que la Policía de Investigaciones tiene archivos de ese tipo, y también las Fuerzas Armadas. Al observar experiencias de otras dictaduras en Latinoamérica, nos encontramos que las policías actuaron con procedimientos similares, y allí pese a que también se procuró borrar las evidencias, sí se encontraron documentos, que tienen un enorme potencial para avanzar en verdad y justicia sobre los hechos ocurridos. Tenemos acceso a información solo a través de causas en tribunales. Creemos que este debe ampliarse, pues nos parece que esta información pertenece a la ciudadanía. Nosotros hemos presentado solicitudes de acceso a la información y estamos hablando con parlamentarios para ver eventuales reformas legales que permitan este objetivo", concluyó.

A su vez, Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECh 2014, manifestó su apoyo a la iniciativa que busca abrir acceso a los archivos de la represión, porque -según dijo- "no se puede seguir ocultando la verdad después de 40 años. Naschla Aburman, presidenta de la FEUC, añadió que además en 20 años de gobiernos civiles no hay avances "en la democratización de la información, en transparencia, ni en terminar con la impunidad".

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