1.- Solicitamos al Gobierno derogar de manera inmediata la Ley Antiterrorista actualmente vigente, herencia de la dictadura militar que ha permitido perseguir a luchadoras y luchadores sociales, ayer concebidos como "enemigos internos" en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional y el terrorismo de Estado y hoy aplicada al mapuche que se opone al sistema de explotación sin límites que destruye sus tierras, depreda sus bosques, contamina sus aguas, acaba con sus cementerios, entre otras consecuencias que se derivan de los proyectos económicos en territorios ancestrales.
2.- La Ley Antiterrorista y cualquier sucedáneo es un instrumento jurídico desestabilizador de la democracia y reñida con los derechos humanos. Esto lo ha hecho evidente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Norín-Catrimán y otros versus la República de Chile, notificado el día martes 29 de julio de 2014. Este fallo ha señalado que las resoluciones judiciales bajo aplicación por parte del Estado de Chile de la Ley Antiterrorista violaron el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, así como denotaron estereotipos y prejuicios que determinaron la violación de los principios de igualdad y no discriminación. Al mismo tiempo la Corte estableció que dichos fallos provocaron violaciones al derecho de la defensa y del derecho de recurrir a los mismos. En consecuencia, las condenas en este caso han sido consideradas arbitrarias y absolutamente contradictorias con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, revelando que la aplicación de la Ley Antiterrorista por parte del Estado de Chile permitió la persecución ilegal y criminalización de la protesta social mapuche.
3.- Somos enfáticos en señalar que nuestro país no requiere de una ley de excepción, ni siquiera para castigar delitos tan graves como el acontecido en el sector comercial de la comuna de Las Condes el día lunes 8 de septiembre 2014, dado que el ordenamiento jurídico existente ha dado muestras de suficiencia y eficacia para aplicar Justicia, tal como ha acontecido con los violadores de Derechos Humanos actualmente encarcelados, que habiendo ejercido el Terrorismo de Estado, han sido juzgados por leyes civiles que han logrado reconstruir verdaderos rompecabezas criminales a pesar del pacto de silencio que aún mantienen las instituciones armadas y sus integrantes. En ese mismo orden de ideas, rechazamos la existencia de una Agencia Nacional de Inteligencia con o sin funciones operativas, con atribuciones para infiltrar a los movimientos sociales, hacer escuchas telefónicas y otras prerrogativas que se proponen para una entidad a la que se la concibe como una especie de brazo de control represivo del poder político, bajo la tutela de los gobiernos de turno y por sobre las policías regulares actualmente en funciones.
4.- Nos parece del todo inapropiado presentar ante la opinión pública, en una misma línea discursiva, de una parte la aplicación y modificaciones a la Ley Antiterrorista vigente y de la otra la creación de un nuevo cuerpo policial bajo la orden directa del gobierno que no es otra cosa que una policía política que pretende naturalizar la infiltración policial en los movimientos sociales. Los agentes encubiertos en las marchas estudiantiles y mapuche que animan la violencia; los policías con credenciales de periodistas en manifestaciones y la infiltración como ha sido el caso de Raúl Castro Antipán en un grupo mapuche por orden de Carabineros de Chile, con el fin de alentar e instigar la realización de actos que luego significaron años de prisión para una decena de jóvenes mapuche (ataque a Tur Bus, año 2005), lo único que evidencian es la comisión de delitos graves realizados por agentes del Estado, en nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo y la violencia.
5.- La soberanía y la democracia son bienes que deben protegerse y resguardarse. Las acciones que han anunciado ciertas autoridades del Estado desde los sucesos del lunes 8 de septiembre han tenido como su primera víctima al frágil sistema democrático construido post dictadura. De paso, estos gestos han negado la capacidad investigativas de las instituciones policiales, en tanto organismos auxiliares del sistema de justicia, dejando como segunda víctima nuestra soberanía y en claro entredicho nuestra autodeterminación como Estado, al convocar a cuerpos policiacos extranjeros como el norteamericano. Ante este escenario exigimos que se respeten las instituciones chilenas y su funcionamiento efectivo en la investigación de los graves delitos que la opinión pública ha conocido, se identifique realmente a los responsables y no se culpe a priori y encarcele a inocentes que luego son absueltos por la propia Justicia que recurriendo a las herramientas establecidas han tipificado y definido los delitos y castigos en el Código Penal. Chile, la policía y el sistema Judicial no requieren de agentes especiales venidos del país del norte; sólo necesitamos que cada institución del Estado ocupe su lugar y funcione.
6.-Finalmente, llamamos a los movimientos sociales y al movimiento de defensa y promoción de los derechos humanos a no permitir que gane terreno el terror y el amedrentamiento con el que se nos quiere hacer callar. Luchamos por una democracia plena para Chile y su gente, así como por la soberanía, autodeterminación, las libertades civiles y políticas como derechos esenciales de nuestro pueblo. Ya es hora de terminar con todos los pretextos que nos impiden cambiar la constitución dictatorial y construir una democracia cuyo pilar fundamental tenga la voz del pueblo como soberano y la plena vigencia de los derechos que hoy nos son negados.
Comisión Ética Contra la Tortura
26 de Septiembre de 2014
COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA
13 años luchando contra el crimen de la tortura
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La Comisión Etica contra la Tortura adhiere al movimiento para que
DECLAREMOS ILEGAL LA POBREZA,
forma de tortura permanente que ataca a miles de seres humanos
