Según los datos oficiales, de los 75 condenados, ocho ex represores lo hacen con beneficios en la cárcel y otros tres cumplen sus penas bajo el sistema de libertad condicional. La mayoría de ellos estaban recluidos en la cárcel especial de Punta Peuco.
El secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugás, al referirse al reducido número de ex represores que cumplen penas de cárcel dijo que "la sanción debe ser proporcional a la gravedad de los delitos", que es un principio del derecho penal y de los estándares internacionales. Y añadió que "a nuestro juicio las sanciones que han surgido no son proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos.
Nosotros hacemos valer todos las medidas legales con miras a poder obtener sanciones acordes a ese estándar y principio", puntualizó.
A la fecha, esta entidad es parte querellante en 903 causas por detenidos desaparecidos y ejecutados calificados, correspondiendo ello a 1.759 víctimas, según el comunicado. Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unas 3.200 personas fueron asesinadas por agentes del Estado, de las cuales 1.192 figuran aún como desaparecidas, y más de 33.000 como secuestradas, torturadas y encarceladas por causas políticas.
"El Estado tiene que hacer todos los esfuerzos humanamente posibles por encontrar los cuerpos de las víctimas desaparecidas. Yo esperaría que los victimarios que han participado en los crímenes que motivaron la desaparición de numerosas personas en nuestro país, puedan entregar esa información como ocurrió en Argentina. Precisamente los pactos de silencio han sido obstáculos consistentes y extremadamente importantes para limitar el establecimiento de la verdad", dijo Ugás.
En la lista de ex agentes destacan las condenas al general Manuel Contreras, al coronel Marcelo Moren Brito y al brigadier Miguel Krassnoff. Este último en días pasados fue fotografiado en los pasillos del Hospital Militar donde fue llevado a exámenes médicos, pero circulaba por el lugar sin guardias ni medidas de seguridad. El hecho está siendo investigado por instrucciones del ministro de Justicia, José Antonio Gómez.
Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), acumula 436 años de prisión en numerosas penas, tras ser condenado en decenas de juicios por violación de los derechos humanos. Krasnoff y Moren Brito acumulan cerca de 300 años de cárcel.
El documento informa que en total existen 1.045 causas que permanecen abiertas en el país, por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de Pinochet.
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