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Destacan tendencia a acelerar cierres de causas por crímenes de lesa humanidad

El Observatorio de Justicia Transicional (ex Observatorio de Derechos Humanos) de la Universidad Diego Portales, destacó en su informe de noviembre la tendencia que está marcando la Corte Suprema a la "aceleración de la resolución de causas", luego que ha dictado sentencias definitivas en catorce casos de crímenes de lesa humanidad en cuatro meses. Tal cantidad de fallos -indica el informe- supera el número total de los emitidos en los doce meses anteriores (hasta julio 2014).

Publicado el 08 de enero de 2015
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La entidad universitaria también destaca "una tendencia de desestimar la prescripción gradual en casos de secuestro, siendo que en 8 de las 9 causas del periodo, que trataban en parte o exclusivamente de ese delito, la figura no fue aplicada a pesar de consistentes votos minoritarios a su favor".

"No obstante, añade el informe, en el único caso del periodo que trata exclusivamente un homicidio calificado, sí se concedió la aplicación de la prescripción gradual para rebajar las penas finales en más de la mitad. Sugiere que la figura se esté desestimando, en casos de desaparición, basado solamente en la tesis del secuestro como delito permanente. Este argumento del derecho interno, si bien al parecer del Observatorio es correcto, se tornará obsoleto de aceptar la línea ya adoptada en minoría por los ministros (Milton) Juica y (Arnoldo) Brito sobre la extensibilidad de la imprescriptibilidad que el derecho internacional establece por crímenes de lesa humanidad tanto a la prescripción gradual como la prescripción misma".

El Observatorio de Justicia Transicional también releva "la tendencia de acoger, en la sala penal, demandas civiles contra el Fisco, ratificando así lo ineludible que son los deberes estatales en materia de reparaciones por crímenes cometidos por sus propios funcionarios, haciendo uso perverso de la infraestructura y poder estatal no por motivos de criminalidad individual sino en persecución de un plan sistemático de represión y amparados por la impunidad sistémica que en la época prevalecía".

Al mismo tiempo sostiene el informe que "el Estado en la persona jurídica del Consejo de Defensa del Estado insiste en oponerse a las demandas, así diluyendo sino contradiciendo abiertamente el reconocimiento que las instancias administrativas (Rettig y Valech) y, hoy, los tribunales, hacen a las víctimas, sobrevivientes y familiares en cumplimiento de los derechos a verdad, justicia, reparaciones y garantías de no-repetición que tanto ellos como la sociedad en su conjunto ejercen".

El informe de la UDP de 45 páginas consigna de manera resumida todas las sentencias dictadas por los altos tribunales en las causas de violaciones a los derechos humanos, así como las noticias más destacadas en ese ámbito en la áreas gubernamentales, legislativas, judiciales y de la sociedad civil.

En lo que respecta a Londres 38, espacio de memorias, el informe del Observatorio destaca -además de las causas judiciales relacionadas con este ex centro de represión- las reservas manifestadas por esta organización a la propuesta gubernamental de crear la Subsecretaría de Derechos Humanos, así también como la apertura al acceso público a un conjunto de archivos que pertenecieron a la CNI.

Ver Informe completo del Observatorio de Justicia Transicional (en PDF)