"Es una gran celebración. Es el triunfo de una comunidad chica contra un gigante. Entonces hoy es un día distinto para nosotros, una linda semana. Estamos totalmente felices", dijo el dirigente en sus primeras palabras a la prensa, y anunció que las movilizaciones no se detendrán hasta conseguir que la minera abandone el lugar que ya ha contaminado con sus relaves.
Caimanes es un pequeño poblado de 1.800 habitantes, ubicado en la provincia del Choapa, en la IV Región, cuyas tierras son ricas en minerales y hasta hace dos décadas también de abundantes aguas de los deshielos cordilleranos. Pero en los años 90, durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue aprobado el proyecto de explotación presentado por Antofagasta Minerals y desde entonces las faenas, como la construcción del tranque de relave El Mauro, fueron disminuyendo los flujos de aguas a la comunidad y al mismo tiempo contaminándolas. El agua ya casi no se puede consumir y es tan escasa que sirve poco para la producción agrícola local.
La resistencia de la comunidad, unida a otras movilizaciones en la zona, como las que se oponen a la explotación minera de Pascua Lama en la cordillera, comenzó lenta, aislada, asediada por las autoridades locales y por las ofertas que surgían de los funcionarios del departamento de Responsabilidad Social Empresarial de la minera. Hubo momentos en que parecía todo perdido. Pero el daño a la vida de las personas y a sus cultivos era tan evidente y tan destructor que una y otra vez la comunidad se movilizó, salió a las calles, algunos de sus dirigentes hicieron huelgas de hambre hasta por más de 70 días y realizaron múltiples gestiones políticas y de alianzas con otros actores sociales. La mayoría de las veces, la respuesta del Estado ha sido la represión, como sucedió durante los últimos meses, cuando Caimanes estuvo virtualmente sitiado por las fuerzas de Carabineros.
Como ha sucedido en otras regiones, la lucha de Caimanes se "judicializó". Los habitantes de Caimanes, apoyados por abogados y activistas, pudieron enfrentar a la minera ante los tribunales y demostrar el perjuicio que causaba en la comunidad. El poder del grupo Luksic, de las mineras en general y de sus aliados políticos es tan fuerte que incluso por meses burlaron la sentencia de la Corte Suprema que obligaba a la empresa a dar curso expedito a las aguas. Hasta el fallo del Juzgado de Los Vilos.
"Nosotros no estamos en contra de la minería, pero los proyectos se deben hacer con responsabilidad. No porque un par de compadres matones quieran hacerse ricos van a poder venir a pasar por sobre los derechos de las comunidades", dice Cristián Flores ante las amenazas de la empresa minera sobre los efectos del fallo judicial y el eventual freno de inversiones que se podría producir en la zona con el siguiente impacto sobre el empleo.
"Yo creo que ellos aquí van a tener que ejecutar un plan de demolición y erradicación del tranque, donde van a ocupar mucha cantidad de gente y ahí yo creo que ellos podrían seguir trabajando. Creo que esas faenas van a durar 10, 15 años más, y ahí va a haber mucho trabajo, así que, por lo tanto, que se queden tranquilos", dice el dirigente.
Las comunidades en defensa del agua del Valle del Choapa están en colisión con los intereses de las mineras de la familia Luksic -ubicada entre los cien mayores supermillonarios del planeta, según la revista Forbes-, la misma que tiene una expansión agresiva en otros países del continente, mantiene fondos depositados en paraísos fiscales y en cuentas especiales en el banco suizo HSBC, y que además ha sido vinculada a casos de corrupción.
El agua, cada vez más escasa, ha sido declarado por el gobierno como un "bien de uso social", sin embargo su explotación como recurso para consumo está en manos de compañías privadas transnacionales, en el caso de las ciudades, o bien sus cursos son intervenidos por la explotación minera como ha sucedido en los valles de la IV Región.
Las localidades de Salamanca, Caimanes, Chillepín, Punta Nueva, Coirón, Panguesillo, Palo Alto, entre otras, acordaron en una declaración conjunta "solicitar a minera Los Pelambres la instalación de una planta desalinizadora de agua de mar, todo con el fin de que su proceso metalúrgico sea realizado con dicho recurso y no con el poco recurso hídrico actual del Rio Choapa".
El 11 de marzo fue firmado un acuerdo entre los habitantes del Valle Alto de Salamanca (incluido Caimanes) y la Minera Los Pelambres, donde la Gobernación Provincial del Choapa actuó como garante. Entre las medidas establecidas estarían la aceleración del proceso de instalación de la planta desalinizadora. Pero la movilización no se detiene.
Para más informaciones sobre los conflictos socio ambientales
Más información en:
- Entrevista a Cristián Flores, dirigente de la comunidad de Caimanes.
- Resolución de la Corte Suprema que condena a Luksic a devolver las aguas a Caimanes.
- Fallo de la Corte de Los Vilos que ordena la demolición del tranque El Mauro.
- Documental Caimanes, Los sin agua.
