Invitamos a parlamentarios, autoridades de gobierno, así como a organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos a respaldar la iniciativa de los diputados Tucapel Jiménez y Gabriel Boric, quienes impulsan un proyecto que deroga la Ley 18.771 de 1989, en la que se establece que la "documentación del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y de los demás organismos dependientes de esa Secretaría de Estado o que se relacionen con el Supremo Gobierno se archivará y eliminará conforme a normativa interna", eximiéndose de seguir las políticas nacionales de depositar después de unos años los documentos en el Archivo Nacional, como todos los demás organismos del estado. Esto impediría que se conformen archivos secretos o que sean eliminados sin que sean consultados ni siquiera por los tribunales de justicia.
Por regla general se debe contar con una autorización para eliminar documentos de la administración pública, por ello no es pertinente que existan organismos que gocen de autonomía en este ámbito. Apoyamos decididamente que se derogue la ley 18.771 y por ese medio frenar la eliminación de documentos, los que transcurridos los plazos legales deberían ser transferidos al Archivo Nacional.
Queda claro que la Ley 18.771 se promulgó con la finalidad de impedir la revisión en democracia de estos archivos, que contienen información sobre la represión y serían útiles para avanza en más verdad y justicia en las causas por violaciones a los derechos humanos.
En estos momentos hay varios hechos que actualizan la demanda por verdad y justicia que requiere la investigación efectiva de los tribunales de justicia, la desclasificación y apertura de los archivos y romper el pacto de silencio que ha amparado a los responsables de los crímenes.
- Uno de ellos es la apelación del comandante en jefe del Ejército ante la decisión de Consejo para la Transparencia de acoger el reclamo de un medio de prensa por la no entrega de la lista de ex agentes de la CNI que continúan como integrantes activos del ejército.
- Otro es el nuevo hallazgo de restos óseos en terrenos que pertenecieron al Regimiento Blindado N°2 que, una vez más, interroga por la verdad completa a las instituciones armadas a las que pertenecieron los agentes del estado que secuestraron, torturaron, asesinaron y ocultaron los cuerpos de las personas detenidas.
Demandamos a los parlamentarios y diferentes organismos apoyar la iniciativa de los diputados Boric y Jiménez, así como a las autoridades de gobierno a hacer exigible y efectiva la colaboración de los altos mandos de las fuerzas armadas y policiales con las investigaciones judiciales cuyos requerimientos de información no han sido debidamente respondidos.
Es pertinente puntualizar que en el proyecto que crea el Ministerio de Cultura se mantiene esta excepción que exime a los organismos de defensa, inteligencia y seguridad del estado el traspaso de documentos al Archivo Nacional, lo que restringe su uso, facilita su destrucción y los margina del patrimonio nacional.
Londres 38, espacio de memorias
Abril de 2015.
