Se trata de personas de avanzada edad que piden reparaciones justas al daño causado por la represión durante la dictadura cívico militar, junto con demandar más verdad y justicia en las causas pendientes de crímenes de lesa humanidad. Los ex presos políticos también exigen que se hagan públicos los testimonios sobre torturas y prisión política que entregaron a la Comisión Valech, los cuales se mantienen en secreto por 50 años sin su consentimiento.
El Estado chileno tiene grandes deudas con la sociedad en la generación de mecanismos que permitan conseguir más verdad, justicia y una reparación efectiva para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En el caso de los ex presos políticos -caracterizado por organismos internacionales como un grupo de alta vulnerabilidad- esa deuda se refleja en las deficiencias que tiene el sistema de salud con ellos, así como en las "austeras" pensiones asistenciales que reciben, según las calificó el propio ex presidente Ricardo Lagos.
La ausencia de justicia y de una política de reparación real para los ex prisioneros políticos contribuye a la impunidad y a la persistencia de la práctica de la tortura en el presente, que es lo que hemos presenciado durante las últimas décadas de gobiernos civiles. En efecto, las denuncias por violencia policial se han incrementado llegando hoy a más de 20 mil casos en tribunales militares, pero las condenas por este delito, que en muchos casos constituyen formas de tortura, han decrecido alcanzando apenas al 2,5 por ciento de las denuncias. Ello pone en evidencia la complicidad de la justicia militar, cuya reforma para limitar sus atribuciones aún no es objeto de un proyecto de ley, a pesar de ser parte de los compromisos del actual gobierno.
Este marco de impunidad es el que ha permitido además un trato discriminatorio a los prisioneros políticos de hoy, especialmente a los miembros del pueblo mapuche, quienes también han sido víctimas de tortura y objeto de normas legales cuestionadas por diversas instancias internacionales.
Los tribunales y el ejecutivo pueden hoy poner fin a esta situación y sentar las bases para la erradicación de la práctica de la tortura en Chile, comenzando por visibilizar el problema y acoger las demandas de los ex prisioneros y prisioneras.
Londres 38, espacio de memorias, se suma a las manifestaciones de solidaridad con las luchas de los ex presos políticos, que son parte de las luchas y demandas del movimiento de derechos humanos por conseguir más verdad, justicia, reparación y memoria.
Santiago de Chile, 23 de abril de 2015.
