Presidenta Michelle BacheletEn el caso de Chile, estos crímenes refieren a los 3.216 casos de personas asesinadas, 1.200 de las cuales se encuentran aún desaparecidas luego de ser detenidas, sometidas a torturas, y sus cuerpos enterrados, quemados o lanzados al mar. Además de un número no determinado de sobrevivientes víctimas de prisión y torturas (sólo ante las dos Comisiones Valech declararon 38.254 personas).
Como se sabe, la represión y el exterminio estuvo a cargo de agentes del estado, que actuaron al amparo del estado de excepción y en la más completa impunidad. Fueron oficiales, suboficiales y personal de las fuerzas armadas y policiales, formados y entrenados para cumplir con esta función, que contaron con el financiamiento y recursos necesarios provistos por el estado, y que hoy gozan de generosas pensiones por los servicios prestados.
Cuando sucedieron estos hechos, las denuncias de los familiares y de las iglesias fueron públicas y quien quiso enterarse pudo hacerlo. Se demandó verdad y justicia ante las autoridades políticas de los más distintos niveles y se acudió también a instancias internacionales. Ante los tribunales se presentaron miles de recursos de amparo y solo un par de ellos fueron acogidos. Por las personas detenidas desaparecidas también se realizaron numerosas denuncias por presunta desgracia, querellas y solicitudes de ministro en visita.
Los procesos que pudieron iniciarse se prolongaron durante años, y cuando algún juez con convicciones firmes y coraje logró avanzar e identificar a los militares involucrados, inevitablemente, las causas fueron reclamadas por la justicia militar que presurosa aplicaba la Ley de Amnistía y cerraba las investigaciones. No era el tiempo de la justicia. Poco antes del término de la dictadura fueron cientos de procesos los que corrieron esta suerte o fueron sobreseídos, pero en los años noventa y, sobre todo, después de la detención de Pinochet, fueron reabiertos gracias a la porfía de los familiares.
Transcurridos 25 años desde el fin de la dictadura, los avances en materia de verdad y justicia son escasos, particularmente en el caso de las personas detenidas desaparecidas, ya que solo 114 de ellas (menos de un 10 por ciento) han sido encontradas e identificadas, lo que muestra el fracaso, o la mala fe de la mayoría de los jueces -salvo honrosas excepciones--, de las autoridades políticas y de los altos mandos de las fuerzas armadas y policiales.
Omisiones y complicidades
Mala fe de los tribunales porque cuando dejaron de amnistiar debido a la presión nacional e internacional, comenzaron a aplicar la prescripción y la media prescripción de los delitos. Y en los últimos años se ha hecho frecuente el cierre de las investigaciones sin establecer el paradero de las personas detenidas desaparecidas ni identificar y sancionar a todos los responsables. Además, la norma ha sido aplicar bajas condenas al reducido grupo de oficiales que conformaban la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina). Como ya ha pasado mucho tiempo -dicen-- es muy difícil investigar. Esta, tampoco es la hora de la justicia.
De los 1.073 ex agentes procesados, solo 281 de ellos están condenados por una sentencia a firme y ejecutoriada, y apenas 75 permanecen cumpliendo una pena de prisión efectiva, en varios casos con beneficios. Dado que los 206 restantes recibieron condenas inferiores a 5 años y 1 día, actualmente gozan de libertad vigilada. Esto es lo que sucede hoy con los responsables de crímenes de lesa humanidad.
En democracia, los altos mandos han obstruido sistemáticamente las investigaciones negando la información solicitada por los tribunales y argumentando la supuesta destrucción de los archivos, acción que por sí sola debería ser considerada un delito. Según consta en los expedientes judiciales, de 165 solicitudes de información enviadas por los tribunales a las fuerzas armadas y policiales, durante 2013, solo 65 de ellas fueron contestadas y demoraron hasta 7 meses.
En cuanto a las autoridades políticas, estas han incurrido en falta porque no han sido capaces, o no han tenido la voluntad, de crear las condiciones para hacer exigible a los militares romper el pacto de silencio que han mantenido ya durante más de 40 años. Esto no debería ser ignorado: en Chile hay ex miembros de las fuerzas armadas y policiales que saben y callan, y hay mandos y autoridades políticas que saben quiénes saben, y también callan. Ni siquiera se ha derogado la Ley 18.771 de 1989, que exime a las instituciones de las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública, de la obligación de transferir sus documentos al Archivo Nacional, y les autoriza a eliminarlos mediante la sola decisión de una jefatura superior. Hoy, esta norma ampara la impunidad y atenta contra la necesaria transparencia.
Dado este balance en materia de verdad y justicia es evidente que el anuncio presidencial de un proyecto de ley que garantice la imprescriptibilidad y el carácter no amnistiable de los delitos de lesa humanidad ya no tendrá ningún efecto en la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura. No solo porque los tribunales no están amnistiando ni declarando la prescripción, sino sobre todo porque cuando esta ley se promulgue, lo más probable, es que ya no existan procesos en curso. Así, esta "deuda con nuestra historia" seguirá pendiente y los tres poderes del estado habrán llegado tarde, una vez más.
