Otros criminales sentenciados por estar involucrados en delitos de lesa humanidad están prófugos de la justicia. Pese a que los altos tribunales ya han condenado a los ex agentes DINA Ricardo Lawrence Mires y Daniel Cancino Varas, aún están en libertad.
Toda esta impunidad es resultado de las bajas condenas a las que han sido condenados los criminales, pero sobre todo a la complicidad de las actuales y anteriores autoridades políticas que, por acción u omisión, son responsables. También al hecho de que el Estado chileno -pese a las décadas que han pasado- aún no tipifica en su legislación, como delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada, la tortura y otros, transformando en letra muerta los tratados y convenios internacionales de derechos humanos que los gobiernos civiles postdictatoriales se han jactado de promover y suscribir.
La brecha de impunidad se agranda con el paso del tiempo y la eternización de las causas que investigan los crímenes de la dictadura cívico militar; de a poco se va imponiendo la impunidad biológica. Desde hace muchos años -al menos una década- no hay ningún avance en más verdad sobre el destino final de los detenidos desaparecidos. Tampoco hay más justicia; de hecho los jueces están cerrando los procesos y condenan a un número reducido de represores. Eso explica que actualmente apenas unos 70 criminales están en prisión efectiva.
El Estado chileno tiene la obligación de cumplir con sus compromisos contraídos ante el país de generar todos los mecanismos y medidas para impedir la impunidad, así como ajustar su legislación a los estándares internacionales como garantía de no repetición de estas y otras prácticas, como la represión y criminalización del movimiento social que, en el presente, se ha hecho una constante.
Más verdad, más justicia, Ahora
No más impunidad
Londres 38, espacio de memorias
Julio de 2015
17 de julio de 2015
