La madrugada del 24 de julio, Fuerzas Especiales llegaron hasta el sector El Salvador, donde los mineros mantenían cortado el camino como lo habían hecho muchas veces antes. Pero esta vez, la policía disparó sus armas de fuego.
"Las Fuerzas Especiales acudieron al lugar con el objetivo único de reprimir, neutralizar y dispersar la legítima movilización de los trabajadores, que se encontraban absolutamente desarmados", dijo la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), en el comunicado donde informa el asesinato de Nelson Quichillao López, de 47 años de edad.
Desde el primer día del paro los sindicatos de los trabajadores denunciaron la excesiva presencia policial en los lugares de paralización, así como el abusivo ejercicio de la fuerza cada vez que los carabineros se enfrentaron a los trabajadores. La noche del 24 de julio esa violencia aumentó, se hizo indiscriminada y dejó a un trabajador muerto y otro con heridas graves, aunque sin riesgo vital. "Dicha violencia había sido largamente denunciada por esta organización, que desde el día n°1 de la paralización nacional acusó exceso desmedido de la fuerza y la utilización de armamento represivo, sin tener respuestas ni cambios en el proceder por parte de la autoridad", acusó la CTC.
Según un comunicado oficial de Carabineros, "los manifestantes atacaron violentamente a los carabineros que resguardaban el lugar, embistiéndolos con maquinaria pesada de faena minera -cargadores scoop- poniendo en grave riesgo la vida del personal institucional así como de los mismos manifestantes". El intendente de la Región de Atacama, Miguel Vargas, a su vez, entregó más detalles de la versión de Carabineros ya que tenía en su poder el parte policial, por ello afirmó que uno de los dos cargadores frontales "intentó atropellar a un carabinero que se encontraba en el piso, lo que por cierto, motivó la acción de tres efectivos policiales, quienes hicieron uso de sus armas de fuego para detener el avance de la maquinaria pesada sobre el policía, y luego de varios llamados a deponer la acción".
La CTC, sin embargo, pide que las autoridades policiales y de gobierno asuman sus responsabilidades. "Como clase trabajadora agregamos que no permitiremos ninguna víctima más a manos de la brutal represión dispuesta por Codelco y el Ministerio del Interior, a quienes por cierto responsabilizamos directamente de este lamentable y fatal hecho. Por tanto, le exigimos al Ministerio Público y a las autoridades de la Justicia chilena realizar un pronunciamiento formal y una investigación detallada y transparente, por cuanto las investigaciones desarrolladas por la institución de Carabineros al respecto, actualmente nos merecen desconfianza y carecen de todo tipo de legitimidad e imparcialidad", dice el comunicado de la confederación sindical.
Las investigaciones del crimen fueron iniciadas por la fiscalía de Diego de Almagro, sin embargo es probable que el caso sea entregado a la justicia militar. En la medida que estas instancias legales y sus cuerpos de leyes no se han reformado, aún la justicia militar se queda con aquellas acusas donde hay militares o policías involucrados, incluso cuando la víctima es civil como en este caso. Así ha sucedido con los asesinatos del estudiante Manuel Gutiérrez o el del comunero mapuche Matías Catrileo. En estas causas, como en muchas otras, hay altas cuotas de impunidad.
Al uso directo y abusivo de la fuerza policial, los movimientos sociales y particularmente los sectores movilizados deben hacer frente a la criminalización de sus luchas, como medio para aislarlas o sofocarlas.
