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Avanza ley que impide la destrucción de archivos de FFAA y policías

Importantes avances ha tenido la tramitación del proyecto de ley que impide la destrucción de los archivos de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad del Estado y que les obliga a traspasar estos documentos al Archivo Nacional. Se trata de la derogación de la ley 18.771, así como una modificación al último inciso del artículo 14 del DFL 5.200, que rige el accionar del Archivo Nacional. A partir de una propuesta de Londres 38, espacio de memorias, los diputados Tucapel Jiménez (PPD) y Gabriel Boric (Izquierda Autónoma) acogieron la idea y elaboraron un proyecto de ley que ya alcanzó el apoyo transversal de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la cámara baja.

Publicado el 30 de julio de 2015
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El pasado miércoles 22 de julio, la comisión especializada de los diputados citó al Ministerio de Defensa -que se hizo representar por el subsecretario de las FFAA, Gabriel Gaspar-, a la directora del Archivo Nacional, Emma de Ramón y a los representantes de Londres 38, espacio de memorias, para conocer las opiniones de los organismos directamente involucrados o afectados por la iniciativa.

El subsecretario Gaspar entregó antecedentes sobre el tipo de archivos y conjuntos de documentos que producen las FFAA y otras instituciones vinculadas a éstas y manifestó que el gobierno tiene interés que aquellos registros vinculados a la represión en el periodo dictatorial sean conocidos por la justicia. Anotó, sin embargo, que hay otra información de carácter reservado que requiere un tratamiento distinto, sobre todo aquella que afecta a la seguridad nacional. Plantea también que para modificar esta ley consideraba necesario hacer consultas a otros ministerios involucrados, como Interior y Justicia.

Enseguida expuso la directora del Archivo Nacional, quien garantizó que su dependencia está en condiciones de recibir estos documentos. "A nuestro juicio no debe perderse esa perspectiva: las censuras a la información no son otra cosa que restricciones que realizan ciertas élites de poder para impedir que sus actos se conozcan de manera transversal pues, evidentemente, esos actos están reñidos con la ley que afecta a todos los ciudadanos. Una sociedad democrática es una sociedad transparente, que no le teme a la información que produce pues, toda ella se encuentra hecha de cara a la ciudadanía", dijo Emma de Ramón.

Y añadió: "El papel de los archivos públicos y de sus archiveros es desde hace muchos años --y a lo largo de nuestra historia republicana siempre lo ha sido--, la de garantizar el derecho de todos los chilenos a conocer toda la información pública y a proteger sus datos personales, junto con garantizar la disponibilidad de la información clasificada democráticamente como pública, para la construcción de la memoria. Por ello creemos necesario y urgente derogar la Ley 18.771".

A su vez, María José Pérez, de Londres 38, espacio de memorias, valoró los avances de estos proyectos legislativos acordados en abril de 2014, cuando la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados sesionó en el sitio de memoria. Durante su intervención entregó a los diputados una propuesta de artículo transitorio que obligue a los poseedores de estos archivos con antecedentes de la represión a hacer entrega inmediata al Archivo Nacional. La moción fue acogida por los legisladores, la firmaron y quedó de inmediato incorporada al proyecto de ley.

El diputado Tucapel Jiménez cuestionó los argumentos del subsecretario del Ministerio de defensa, en el sentido de hacer una ronda de consultas a otras reparticiones e instó al gobierno a colocar urgencia al proyecto para su rápida tramitación.

Argumentos similares esgrimió el diputado PS Roberto Poblete, quien dijo que "la memoria se construye del presente y no podemos permitir que no quede registro en nuestro cerebro del Estado que es el Archivo Nacional".

Londres 38, espacio de memorias, llamó a los parlamentarios a sacar adelante pronto esta ley, así como también a apurar las gestiones para que avance la apertura y acceso a los archivos generados por la Comisión Valech, ante la que declararon decenas de miles de personas que sufrieron prisión y tortura y que están bajo secreto por 50 años.