Si bien la impunidad es un asunto recurrente, el debate irrumpió con las declaraciones judiciales de un ex conscripto que rompió el pacto de silencio y denunció a sus superiores como responsables del ataque que sufrieron Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri en 1986, con el resultado de muerte en el caso del joven fotógrafo.
Quedó en evidencia que los represores mantienen pactos de silencio, que el secretismo en los archivos de la represión contribuye a la impunidad y que el estado democrático todavía puede hacer mucho más para alcanzar verdad y justicia.
Declaración
Esta es la declaración íntegra de los sitios de memoria:
Que rompan los pactos de silencio, no más archivos secretos y fin a la impunidad.
Toda la impunidad contenida en estos años ha salido a flote. Las declaraciones judiciales de dos conscriptos que estuvieron en los ataques a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana dejaron en evidencia una vez más el pacto de silencio de los represores y sus encubridores.
Este debate también ha develado las complicidades de autoridades civiles de la dictadura y la transición que han contribuido a la permanencia de los pactos de silencio y el secretismo sobre el alcance de los crímenes de lesa humanidad.
Hoy, es inaceptable que autoridades del gobierno nieguen el encubrimiento que aún existe en las instituciones armadas a pesar de que incluso ha sido establecido judicialmente.
El impacto de este hecho también puso de relieve que el secreto por 50 años impuesto a los testimonios entregados ante la Comisión Valech 1 y Comisión Valech 2 ha entorpecido a la justicia y ha contribuido a la impunidad. Por ello se hace imprescindible que el gobierno actual impulse medidas concretas para terminar con los pactos de silencio, el secretismo y la impunidad.
Al respecto exigimos a las autoridades, sobre los archivos de la Comisión Valech:
- Derogar los artículos de las leyes de reparación Valech 1 y 2 que impuso el secreto por 50 años a quienes atestiguaron por casos de tortura.
- Que los jueces tengan acceso total y sin restricciones a la totalidad de los testimonios recogidos por la comisión, independientemente de que los casos hayan sido calificados o no.
- Establecer mecanismos que permitan el mayor acceso al público a los archivos y, si es necesario, resguardar información sensible que pueda afectar a las víctimas, con criterios públicos y transparentes.
- Poner urgencia a la aprobación de ley que impide a las Fuerzas Armadas y policiales destruir o eliminar archivos de la represión, los que deben ser traspasados de inmediato a la custodia del Archivo Nacional.
Sobre los pactos de silencio
- La Presidencia de la República debe ordenar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía Civil que entreguen toda la información sobre la represión.
- El gobierno debe generar mecanismos para que quienes tengan información útil puedan entregarla en lugares habilitados para ello.
- El gobierno debe ordenar a los mandos militares la búsqueda activa en regimientos y cuarteles de documentación que permita conocer más verdad sobre los crímenes.
- Elevar las penas de cárcel aquellos represores que obstruyen a la justicia en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
Fin a la impunidad
- Incorporar inmediatamente a la legislación nacional los tratados internacionales en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, con tipificaciones que establezcan mayores penas a condenados por este tipo delitos, sin acceso a beneficios, amnistía, prescripción o rebajas de condenas.
- Degradación de los militares que sean condenados a crímenes de lesa humanidad.
- Los represores que reciben condenas por crímenes de lesa humanidad perderán de inmediato todos los beneficios que le entrega la institución armada a la que pertenecieron.
- Impedir que los represores condenados burlen a la justicia y traten de impedir su ingreso a la cárcel. El gobierno debe garantizar que las condenas dictadas por la justicia se cumplan.
- Cierre inmediato de cárcel especial Punta Peuco y traslado de condenados a cárcel común de máxima seguridad.
- Eliminar símbolos públicos que reivindican la dictadura, personajes vinculados a ella, y crímenes de lesa humanidad, como señal política de cultura democrática y de derechos humanos.
El Estado chileno tiene la obligación de cumplir con sus compromisos contraídos ante el país de generar todos los mecanismos y medidas para impedir la impunidad, así como ajustar su legislación a los estándares internacionales como garantía de no repetición de estas y otras prácticas, como la represión y criminalización del movimiento social que, en el presente, se ha hecho una constante.
Red de Sitios de Memoria (agosto 2015)
- 3 y 4 Álamos, Un parque por la Paz y la Memoria.
- Agrupación de Mujeres EXPP de Magallanes (73-74) - Casa de los DDHH de Punta Arenas.
- Agrupación Hijos y Nietos por la Memoria - Casa de los DDHH de Punta Arenas.
- Agrupación por la Memoria Histórica Providencia, Antofagasta.
- Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy.
- Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.
- Asociación por los Derechos Humanos y la Memoria José Domingo Cañas.
- Casa de la Memoria de los derechos humanos, Valdivia.
- Casa Museo Alberto Bachelet Nido 20.
- Corporación de Memoria La Serena Dieciséis de Octubre.
- Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional ex Prisioneros Políticos.
- Corporación Memoria Lonquén.
- Corporación Memorial Paine, Un lugar para la memoria.
- Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.
- Fundación para la Memoria San Antonio.
- Londres 38, espacio de memorias.
- Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía.
