Desde el mismo día del golpe cívico militar de 1973 y hasta 1977, según testimonios, el Hogar del Buen Pastor fue usado como cárcel de mujeres administrada por las monjas de la congregación, por el cual pasaron más de dos centenares de prisioneras, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos. Al igual que el regimiento Arica de La Serena, el principal centro de torturas de la zona, el Hogar del Buen Pastor era un lugar de reclusión al que eran trasladadas personas de distintos puntos de la región, principalmente de los pueblos del interior.
Las mujeres que estaban en el Buen Pastor eran custodiadas por las monjas, recibían alimentación precaria y estaban sometidas a la permanente incertidumbre sobre el momento en que serían llevadas a interrogatorios en el Regimiento Arica, donde la tortura era una práctica sistemática.
Las organizaciones de derechos humanos de Coquimbo y La serena se han movilizado para recuperar el lugar y transformarlo en un sitio de memoria. Con el apoyo de distintas entidades, el 25 de mayo pasado ingresó la petición de declaratoria de monumento histórico del lugar, el cual ya se encontraba a la venta.
Apenas un cinco por ciento del total de la propiedad de las monjas del Buen Pastor es la que se reclama como sitio de memoria, sin embargo la congregación ya inició la destrucción de los techos del lugar como paso previo a la demolición, la que no cuenta con los respectivos permisos municipales.
No es primera vez que un lugar de memoria es destruido, pese al interés de organizaciones de derechos humanos y del movimiento social por recuperar esos lugares. Sucedió en Santiago con la Villa Grimaldi, el centro de represión de José Domingo Cañas, cuyo propietario demolió el lugar; y más recientemente con las cabañas de Rocas de Santo Domingo, que fue usado como centro de formación y entrenamiento de la DINA, lugar al que fueron llevados decenas de prisioneros, muchos de los cuales se encuentran desaparecidos.
El Hogar del Buen Pastor, donde funcionó la cárcel de mujeres de La Serena aún puede ser recuperado si las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales son capaces de presionar con fuerza para impedir que sea borrado un sitio de memoria.