"Si alguna persona que está en retiro tiene por su defensa la opción de guardar silencio, esa es una opción particular y personal que permite la justicia", dijo el jefe militar cuando compareció ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. El comandante del Ejército insistió ante los parlamentarios en que "nosotros como Ejército no tenemos pactos de silencio ni tampoco los vamos a permitir", sin embargo la misma comisión ha decidido enviar un oficio solicitando información relacionada al asesinato del presidente Eduardo Frei Montalva, la que ha sido negada a sus familiares.
En la solicitud los parlamentarios piden al general Oviedo que informe sobre los archivos de la CNI, la ubicación de éstos y las razones por las que también el Ejército ha negado tener actas de destrucción de documentos sobre operaciones represivas, pese a que la justicia ha podido determinar que el Ejército tuvo los conjuntos archivísticos de la CNI al menos hasta el 2005.
También ante la comisión parlamentaria, el general Oviedo sostuvo que "quiero ser claro, podrán existir interpretaciones pero la CNI nunca tuvo dependencia del Ejército, era un organismo del Estado. La CNI no fue un organismo del Ejército y (sólo) existieron personas que fueron comisionadas". Es un hecho comprobado que todos los jefes de la CNI fueron miembros activos del cuerpo de generales del Ejército, la mayor parte de los agentes pertenecían a esa rama de las Fuerzas Armadas y contaron con recursos financieros y materiales provenientes del Estado.
En su segunda comparecencia ante la Comisión de Defensa defendió que un retrato del ex jefe de la Dina, Manuel Contreras, esté en instalaciones del Ejército. En ese marco, el general Oviedo dijo a un parlamentario que "si hay una cosa que le hace mal al Ejército, déjennos a nosotros ver", obviando el hecho que las Fuerzas Armadas son subordinadas del poder político y civil.
Londres 38, espacio de memorias, exige al gobierno, al Congreso y los tribunales de justicia que ejerzan sus atribuciones e investiguen la complicidad del jefe militar con el encubrimiento de los crímenes de la dictadura; que investiguen la protección que otorga a quienes mantienen los pactos de silencio; que investiguen la existencia de los archivos de la represión, así como las pruebas de que efectivamente algunas de las partes de estos archivos han sido destruidos.
El término de la impunidad es una demanda en la que persistiremos. Los sitios de memoria entregamos al gobierno hace menos de un mes un conjunto de propuestas que incluyen:
Sobre los archivos de la Comisión Valech:
- Derogar los artículos de las leyes de reparación Valech 1 y 2 que impuso el secreto por 50 años a quienes atestiguaron por casos de tortura.
- Que los jueces tengan acceso total y sin restricciones a la totalidad de los testimonios recogidos por la comisión, independientemente de que los casos hayan sido calificados o no.
- Establecer mecanismos que permitan el mayor acceso al público a los archivos y, si es necesario, resguardar información sensible que pueda afectar a las víctimas, con criterios públicos y transparentes.
- Poner urgencia a la aprobación de ley que impide a las Fuerzas Armadas y policiales destruir o eliminar archivos de la represión, los que deben ser traspasados de inmediato a la custodia del Archivo Nacional.
Sobre los pactos de silencio
- La Presidencia de la República debe ordenar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía Civil que entreguen toda la información sobre la represión.
- El gobierno debe generar mecanismos para que quienes tengan información útil puedan entregarla en lugares habilitados para ello.
- El gobierno debe ordenar a los mandos militares la búsqueda activa en regimientos y cuarteles de documentación que permita conocer más verdad sobre los crímenes.
- Elevar las penas de cárcel aquellos represores que obstruyen a la justicia en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
Fin a la impunidad
- Incorporar inmediatamente a la legislación nacional los tratados internacionales en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, con tipificaciones que establezcan mayores penas a condenados por este tipo delitos, sin acceso a beneficios, amnistía, prescripción o rebajas de condenas.
- Degradación de los militares que sean condenados por crímenes de lesa humanidad.
- Los represores que reciben condenas por crímenes de lesa humanidad perderán de inmediato todos los beneficios que le entrega la institución armada a la que pertenecieron.
- Impedir que los represores condenados burlen a la justicia y traten de impedir su ingreso a la cárcel. El gobierno debe garantizar que las condenas dictadas por la justicia se cumplan.
- Cierre inmediato de cárcel especial Punta Peuco y traslado de condenados a cárcel común de máxima seguridad.
- Eliminar símbolos públicos que reivindican la dictadura, personajes vinculados a ella, y crímenes de lesa humanidad, como señal política de cultura democrática y de derechos humanos.
Londres 38, espacio de memorias
Santiago de Chile, 11 de septiembre de 2015
