¡La información pública es tuya. Libre acceso a la información!Con 84 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados dio curso al proyecto de ley que modifica el decreto N°5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, para suprimir la eliminación de archivos y antecedentes por parte del Ministerio de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública" (Boletín 9958-17), y restablece la obligación de traspasarlos al Archivo Nacional y, por tanto, permitir su uso público. El proyecto fue elaborado originalmente por los diputados Tucapel Jiménez (PPD) y Gabriel Boric (Izquierda Autónoma) luego que recogieron la solicitud que hizo Londres 38, espacio de memorias, a la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja. El proyecto de ley pasa ahora a tramitación en el Senado.
"Esto es importante porque la eliminación de archivos ha sido una práctica frecuente para esconder información importante que por ejemplo, podría haber sido útil para esclarecer muchos casos de violaciones a los derechos humanos, pero también para tener acceso a información reservada que permita conocer la verdad ante situaciones como el caso milico-gate, en que se desviaron recursos de los fondos de la ley reservada del cobre para fines impropios", escribió Boric en una de sus cuentas en redes de internet. El parlamentario por Magallanes manifestó su satisfacción "porque este proyecto nos lo trataron de echar abajo varias veces desde la UDI y la comisión de Defensa, pero logramos defenderlo y hoy se materializó su aprobación en la Cámara".
En el mismo sentido, Tucapel Jiménez dijo en una breve intervención ante el plenario de la Cámara de Diputados que la aprobación de "este proyecto es un gran avance para la transparencia y el acceso a la información", pero advirtió que su apoyo "es de buena fe ya que queda en manos de las FFAA decidir qué es del ámbito de la seguridad, y no se puede conocer, y qué es aquello que va al Archivo Nacional". El parlamentario recordó que el Ejército ha sido particularmente reticente a entregar información, sobre todo aquella relacionada a crímenes de lesa humanidad, como el asesinato del presidente Eduardo Frei Montalva. "Por eso, insisto, aprobamos este proyecto de buena fe, confiando en que la ley será respetada", afirmó.
Qué dice Londres 38
Para Londres 38, los cambios introducidos al proyecto en las sesiones realizadas en secreto por la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados desvirtúan el sentido original de la iniciativa.
El objetivo inicial del proyecto de ley era enfrentar el ocultamiento de información y el pacto de silencio institucional que ha garantizado la impunidad a los violadores de derechos humanos, así como también avanzar en mayor transparencia y acceso a los archivos públicos para que la ciudadanía pueda intervenir de manera informada en las decisiones relacionadas con estas instituciones.
Las organizaciones que han luchado por la verdad y la justicia de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar, por más de 42 años hemos sido testigos de la falta de voluntad política y nula colaboración de estas instituciones. Ha quedado en evidencia que en múltiples ocasiones han entregado información falsa, han destruido documentos y existen testimonios respecto de las diversas formas de presión que han recibido personas de sus propias filas dispuestas colaborar. Prueba de ello, son las declaraciones del conscripto Fernando Guzmán que hace unos meses entregó los antecedentes para condenar a los culpables del crimen de Rodrigo Rojas y el ataque contra Carmen Gloria Quintana.
Cuando el proyecto presentado por los diputados Gabriel Boric y Tucapel Jímenez se discutió en la comisión de DD.HH., varios diputados se mostraron sorprendidos de no haber promovido esta iniciativa antes, con lo cual se podría haber evitado la destrucción de los archivos, afirmando además que las FF.AA. y organismos de defensa se deben regular por las mismas normas que los organismos públicos. Hoy, ante la posibilidad de regular el acceso a documentación e información de estas instituciones, fue la comisión de defensa de la Cámara la que modificó esta iniciativa, e incorporó indicaciones que en la práctica lo convierten en un proyecto inefectivo.
Las modificaciones realizadas permiten que estas instituciones, las mismas que gracias a leyes de dictadura han gozado de fiscalización mínima, definan a propia discreción lo que se considera o no materia de seguridad nacional, y por lo tanto, secreto. Esto, parece más bien la simulación de un cambio que un cambio real y efectivo de avance en transparencia y acceso de cara a la ciudadanía. Las modificaciones también proponen que sean estos organismos, los custodios de sus archivos y que garanticen su no destrucción, lo cual resulta cuestionable puesto que han demostrado no contar con condiciones ni voluntad de resguardo y acceso de la información, y por el contrario, sus prácticas institucionales, han tendido a maximizar el secretismo, como una forma de mantener la impunidad sobre crímenes de lesa humanidad, y perpetuar la autonomía de las fuerzas armadas respecto del poder político.
Esta complacencia resulta por lo menos extraña, puesto que la propia comisión de Defensa observó la nula colaboración del comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, cuando se le solicitó que entregara los antecedentes solicitados por la familia Frei para aclarar el crimen. Las Fuerzas Armadas han demostrado nula voluntad de colaborar con la justicia y el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos: De las 165 solicitudes de información enviadas por los tribunales a las Fuerzas Armadas y policiales, durante 2013, sólo 65 de ellas fueron contestadas y las respuestas demoraron hasta 7 meses.
En definitiva, para Londres 38, espacio de memorias, la única posibilidad de avanzar es reponer la iniciativa original emanada de comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Es una deuda del Estado, del poder político ejecutivo y del parlamento terminar con el secretismo heredado de la dictadura y promover la transparencia en todos los organismos públicos como un fundamento democrático.
