David RiquelmeRiquelme, trabajador cartonero, y su amigo Iván Rojas salieron a comprar cigarrillos en las cercanías del barrio, donde fueron interceptados por una patrulla de infantes de Marina. Desde el primer momento fueron golpeados en el suelo, esposados, subidos a una camioneta militar para luego arrojarlos en una cancha de fútbol cercana. Iván Rojas logró levantarse y conseguir ayuda, mientras que David Riquelme falleció en el lugar a consecuencia de los golpes recibidos.
En estos seis años, las investigaciones han estado siempre a cargo de la Justicia Militar, y aunque los responsables del asesinato de Riquelme han sido identificados como los sargentos Jorge Elgorriaga Lavín y Cristián Martínez Flores; el cabo segundo José Caamaño Sepúlveda, y los soldados Omer Valdebenito Navarrete y Esteban Muñoz González, todos ellos del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada, el crimen sigue prácticamente en la impunidad y ninguno de los hechores está en la cárcel.
La violencia desatada contra David Riquelme se dio en un contexto de estado de excepción y toque de queda, decretados en toda la región del Maule y Bío-Bío. Dicha violencia, como así también el proceder de la Justicia Militar e impunidad que ha prevalecido hasta ahora, tiene características similares a las de otras causas, tales como las de José Huenante, desaparecido en 2005, y Manuel Gutiérrez, asesinado en 2011.
Es precisamente en circunstancias como esta, cuando el estado debiera garantizar el resguardo a la protección y respeto de los derechos y garantías fundamentales como un elemento básico de cualquier democracia y sociedad. Por ello es necesario reformar profundamente la Justicia Militar.
También es necesario que el Ministerio de Defensa revise los mecanismos que entregan facultades y atribuciones a las Fuerzas Armadas cuando se decreta estado de emergencia o de excepción, limitando su actuar, para garantizar la tranquilidad e integridad física y psicológica de la población.
Hoy 10 de marzo de 2016, a seis años del crimen de David Riquelme, el estado de Chile debe entregar información pública sobre los resultados de la investigación interna de la Armada respecto de este caso en particular, pero fundamentalmente el gobierno debe cumplir con su compromiso de poner fin a la Justicia Militar para la investigación y juicio de crímenes cometidos contra civiles.
¡NO MÁS IMPUNIDAD, NO MÁS JUSTICIA MILITAR!
Londres 38, espacio de memorias
Santiago de Chile, 10 de marzo de 2016.
