El primer requerimiento fue interpuesto la Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy, que busca recuperar la casa ubicada en Irán con los Plátanos, en la comuna de Macul y que hoy está en manos privadas.
La otra solicitud corresponde a la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia-Antofagasta, que presentó en mayo de 2015 al CMN la solicitud para que el ex Pensionado Bernarda Morín (parte de la ex Iglesia Divina Providencia), que operó como centro de detención clandestina y de tortura desde 1973 hasta 1986, sea reconocido como "sitio de memoria".
La tercera petición corresponde a la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad "para la declaratoria de monumento nacional de los archivos, sectores y lugares de la ex Colonia Dignidad que están relacionados con los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-militar chilena en dicho enclave".
"En Chile, tanto las Comisiones de Verdad (Rettig y Valech), como las sentencias judiciales de Asociación Ilícita, de desaparición forzada de Álvaro Vallejos Villagrán y Pedro Merino Molina y de secuestro calificado de 50 personas en Talca y Parral, han ratificado la utilización del predio de Colonia Dignidad y la coautoría de un grupo de jerarcas en la comisión de crímenes de lesa humanidad", indica una carta enviada por sitios de memoria al CMN en apoyo a la demanda por reconocimiento de monumento histórico del predio ubicado en la Séptima Región del Maule.
En relación al apoyo entregado a los sitios de Antofagasta, la ex Colonia Dignidad y Venda Sexy, Londres 38 espacio de memorias envió al CMN una misiva en la que demanda una política estatal para tratar estos casos.
Carta de apoyo enviada por Londres 38, espacio de memorias al Consejo de Monumentos Nacionales
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Señores/as A propósito de la solicitud de apoyo que han manifestado las agrupaciones vinculadas a la recuperación de los sitios de memoria la Providencia Antofagasta, ex pensionado Bernarda Morín y la ex Colonia Dignidad, Londres 38 espacio de memorias, junto con respaldar firmemente las solicitudes de ambas entidades para que sean reconocidos como Monumentos Nacionales, quiere exponer las siguientes reflexiones: - De acuerdo al Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004), fueron catastrados 1.132 lugares reconocidos como centros de detención, tortura y exterminio. Desde el término de la dictadura, las diversas administraciones han manifestado la importancia de relevar las huellas de memoria a lo largo de todo el territorio, ya sea desde la lógica de la reparación o desde la necesidad en la sociedad de la transmisión de los valores asociados a los derechos humanos y el rol que cumplen estos lugares. - Estando o no de acuerdo con la orientación estatal, ocurre que salvo este catastro construido con los testimonios de las víctimas, es difícil relacionar las acciones en este sentido como el resultado de una voluntad decidida y planificada, expresada en una política pública destinada a la recuperación de la memoria a través del relevamiento de los lugares testigo del periodo represivo en Chile. Aun habiendo consenso internacional sobre el aporte a la verdad, a la justicia, a la democracia, y a la discusión y construcción colectiva de una sociedad de derechos, el Estado de Chile poco ha avanzado. - De los 1.132 sitios que en 2004 se habían catastrado, solo doce cuentan con el reconocimiento de Monumento Histórico, cuatro aguardan la dictación de decreto y otros cuatro esperan ser declarados a solicitud de las agrupaciones. Pocos cuentan con financiamiento para su gestión y la gran mayoría es de Santiago. No existe una política de protección y recuperación territorial, ni estratégica y representativa. Tal como ha sucedido La Providencia de Antofagasta y la ex Colonia Dignidad, los logros han sido por los esfuerzos y recursos casi inexistentes de las agrupaciones y organizaciones que una a una han gestionado y demandado su recuperación. La función pública de la protección de la memoria ha sido delegada desde el Estado a la sociedad civil que con recursos casi inexistentes se embarcan en la labor titánica de intentar proteger cada sitio, cuyo resultado finalmente dependerá de la capacidad de organización y gestión de cada organización, con las consecuencias de las potenciales pérdidas irreversibles de memoria, verdad y posibilidad de transmisión generacional, que esto conlleva. - Junto a lo anterior, el Estado no solo delega esta función sino también obstruye. A las burocráticas condiciones y requerimientos, muchas veces de alta especialidad técnica que se solicitan desde el Consejo de Monumentos Nacionales para comprobar la necesidad de proteger sitios de evidente valor, se le adiciona la obstrucción que otros organismos del estado, como Carabineros en el caso de la Providencia de Antofagasta y el Ejército en el caso de Rocas de Santo Domingo, que aparentemente funcionan de una manera autónoma del resto del Estado, vendiendo sitios, obstruyendo accesos, entre otras estrategias, como si fuera una decisión institucional deliberada e independiente de las Fuerzas Armadas y de Orden de continuar con el ocultamiento de la verdad. - A las amenazas desde el Estado se suman evidentes pérdidas, como la demolición de Villa Grimaldi y José Domingo Cañas, entre las más conocidas. Todo ello a la espera de una voluntad política decidida de parte del Estado, toda vez que quedarán aún más de 1.000 sitios cuya memoria dependerá de las fuerzas que aún puedan tener las organizaciones ciudadanas para luchar contra el olvido y la desaparición, que se suman a las demandas tampoco satisfechas de verdad y justicia. Frente a este escenario, tal como se viene planteando desde hace años, es necesario el diseño, desarrollo e implementación participativa de una política pública integral de Memoria que considere la experiencia y aportes de las organizaciones que trabajan en los sitios de memoria dirigida a la protección sistemática y recuperación integral de los sitios desde el Estado, con mecanismos participativos reales y respeto a la autonomía de gestión de las organizaciones, cumpliendo las atribuciones y funciones del Estado en la recuperación y protección de la memoria, fuente primaria de debate, construcción colectiva y democrática de una mejor sociedad. Considerando los antecedentes señalados, cabe la incertidumbre respecto a cuáles serán las variables, más allá de los incuestionables valores que tienen los sitios solicitantes de reconocimiento que discutirá el Consejo de Monumentos en su sesión. Variables que no serían pertinentes, ni discutibles, de existir una política nacional de recuperación de sitios como la planteada. Esperamos que esta demanda, ya levantada anteriormente sea acogida, para no volver a someter a la memoria del país a criterios ajenos al bien común de la construcción de la democracia. Londres 38, espacio de memorias |
