Al menos 16 puntos de bloqueo se han mantenido en las carreteras desde Osorno hasta Quellón, incluidas las ciudades de Ancud, Castro, Dalcahue, Queilen, Achao y las rampas de acceso del canal de Chacao. "Esto es un terremoto ambiental que afecta a todo el archipiélago" no un problema solo de los pescadores y mariscadores como ha afirmado el gobierno, denunció Juan Carlos Viveros, presidente de la organización Defendamos Chiloé. Así, el desastre ha movilizado a estudiantes, profesores, funcionarios públicos y trabajadores del comercio de la región que se han unido a las diversas manifestaciones.
La movilización está recibiendo la solidaridad de trabajadores y estudiantes de todo el país, los que están preparando redes para recolectar alimentos y otros productos que permitan apoyar la lucha de los movilizados. La solidaridad con los pescadores -que comparte Londres 38, espacio de memorias- también se ha manifestado en la amplia difusión de las movilizaciones, ante las escasas y sesgadas coberturas mediáticas.
La protesta que se extiende geográficamente ha dejado decenas de detenidos, lo que podría aumentar con el arribo de fuerzas especiales de Carabineros y la represión a los movilizados, quienes mantienen cortadas las rutas de entrada y salida de la isla desde el lunes 2 de mayo y no permiten el descenso de los vehículos que son trasladados desde el continente en barcazas, cuyo servicio también está suspendido.
La semana pasada, el gobierno prohibió la extracción de mariscos y decretó zona de catástrofe en varias áreas de la región, ofreciendo a unas 500 familias de pescadores afectados un bono de 100.000 pesos, lo que consideran insuficiente. La falta de trabajo e ingresos para este sector de la población ha afectado la precaria economía local, por lo que los pescadores están recibiendo crecientes muestras de apoyo y solidaridad de los habitantes de las ciudades donde están movilizados, principalmente en Castro.
"¿Quién vive con 100.000 pesos y una caja de víveres que nos quieren dar? Esto es una burla, una falta de respeto hacia nosotros", reclamó Zoila Bustamante, dirigente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, a medios locales. Los pescadores exigen un bono de cerca de 300.000 pesos, de lo contrario amenazaron con mantener los bloqueos.
Los pescadores afirman que la emergencia no se debe a la marea roja, sino a una contaminación provocada como efecto del vertimiento en el mar de miles de toneladas de salmón, contaminados a inicios de año por otro florecimiento de algas nocivas. "Está claro que esto no es un problema de la marea roja porque si bien los buques tenían que ir 150 millas mar afuera, los salmones los botaron aquí en la costa", denunció Jaime Assmusen, dirigente de los pescadores. De cualquier modo, las salmoneras tienen una historia de depredación al medio ambiente de los lugares donde se instalan los criaderos. A lo que hay que sumar la nula regulación y fiscalización del Estado a este tipo de industria contaminante, o la pesca de arrastre que también genera pobreza de las comunidades.
La industria del salmón dijo en un comunicado que estudios científicos descartan que el vertimiento de los salmones haya provocado la aparición de la marea roja. El gobierno también ha desestimado la versión de los pescadores y reafirma que la marea roja, provocada por una microalga, ha causado el varamiento de mariscos, peces y ballenas en varias zonas de la costa del sur chileno.
La presidenta Michelle Bachelet, en tanto, afirmó que entregarán nuevas propuestas pero alertó que la demanda de los pescadores se produce en medio de la desaceleración de la economía chilena, lo que dificulta la rápida movilización de recursos para atender la emergencia. "No estamos en un momento de economía boyante que nos permita responder en un segundo. Sigamos buscando nuevos instrumentos y nuevos apoyos, porque sé que la situación de las familias es muy complicada, muy grave", indicó Bachelet, cuyo gobierno negó un posible aumento del bono aunque anunció que lo mantendrá hasta que pase el efecto de las toxinas en el mar, lo que puede tomar varios meses. "No somos un gobierno de billetera fácil", remató el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien ordenó el desplazamiento de más efectivos policiales hacia el sur.
"Entendemos el problema de los pescadores artesanales, pero tiene que haber un arreglo porque si no se amplifica el daño", dijo Felipe Sandoval, presidente de Salmón Chile, organismo que reúne a las empresas del sector. Los productores han manifestado su preocupación ya que la paralización y cortes de ruta han generado pérdidas de hasta 9 millones de dólares diarios.
Pese a las millonarias cifras que mueve la industria salmonera y a que Chiloé concentra casi dos tercios de toda la producción chilena, la segunda a nivel mundial, la isla tiene altas cifras de pobreza y toda la masa laboral vive en condiciones de extrema precariedad y desprotección ante las grandes empresas que operan en el rubro. Y entre quienes viven del mar, los pescadores artesanales son los más perjudicados.
