El libelo indica que a lo menos unas cien personas desaparecieron desde el fundo ubicado en la Séptima Región, pero que solo en unos diez casos se ha investigado y la justicia ha dictado condenas, sin que ninguno de los jefes del enclave alemán haya sido condenado por los crímenes de lesa humanidad. El objetivo de la querella es que la justicia investigue el destino final de las personas desaparecidas, similar a una acción judicial que Londres 38, espacio de memorias, interpuso en diciembre pasado y que es tramitada por el juez Mario Carroza.
La organización de derechos humanos indicó que por la revisión de las fichas que componían el archivo de Colonia Dignidad, se pudo confirmar "la existencia de dos operaciones de exterminio comandadas por el Ejército chileno" con el apoyo de los jefes de la Colonia Dignidad, ambas destinas a ejecutar prisioneros políticos. Los dos operativos fueron realizados en el Cerro Gallo -colindante con Colonia Dignidad- en diciembre de 1973 y luego entre el 15 y 16 de marzo de 1974.
Las mismas fichas de Colonia Dignidad, que fueron halladas en 2005 y que el juez Jorge Zepeda las mantuvo bajo secreto por casi una década, han permitido comprobar el estrecho vínculo de colaboración entre la organización que dirigió Paul Schafer y la DINA. En la práctica, las dependencias de la Colonia Dignidad fueron usadas como centro de represión, tortura y exterminio de la DINA, lugar al que llevaban prisioneros de la zona, principalmente de Talca y Linares, y de otros puntos del país, como Santiago y Concepción.
Los distintos procesos judiciales han comprobado que fueron llevados al fundo alemán Álvaro Vallejos Villagrán en 1974, desde Londres 38, como también la dirección clandestina del PS que integraban Exequiel Ponce y Carlos Lorca, detenidos en 1975 en Villa Grimaldi. Estos casos dan cuenta de cómo la DINA disponía de Colonia Dignidad en distintas fechas.
Tanto la justicia como la Policía de Investigaciones han podido recabar información de que al interior de Colonia Dignidad fueron sepultadas personas detenidas y han logrado determinar que en la actualidad hay una decena de fosas que no han sido abiertas. Así como entre los años 2000 y el 2005 fueron hallados objetos enterrados, como los autos de Juan Maino Canales, Antonio Elizondo Omaechea y Mercedes Rekas Urra, todos desaparecidos, un importante arsenal que incluía armas de guerra, también fueron hallados bajo tierra parte de los archivos de la Colonia Dignidad, pero aún hay más documentación que no ha podido ser hallada.
Margarita Romero, presidenta de Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, emplazó al gobierno a entregar los recursos necesarios para continuar con las investigaciones y conseguir avanzar en el conocimiento de la verdad y justicia. Del mismo modo llamó a los ex colonos, militares y civiles que tengan información sobre la represión a que la entreguen a la justicia.
Uno de los abogados querellantes, Roberto Celedón, explicó la complejidad de conseguir información sobre el uso de Colonia Dignidad, por el carácter sectario de ésta, por la enorme extensión del fundo y porque la mayoría de las víctimas ni siquiera están identificadas. "Acá las cosas son al revés; casi siempre comenzamos por la víctima y buscamos a los responsables del crimen. En este caso los hechores han hablado, los represores han confesado, pero nos faltan los nombres de todas las víctimas", dijo el jurista.
